Por Felivia Mejía

La clave para disminuir el déficit habitacional de República Dominicana podría estar en la creación de un ministerio de vivienda, a donde se dirigirían todos los recursos públicos para ejecutar los proyectos de asentamientos humanos. Esto optimizaría el ejercicio de los montos económicos y daría orden a los desarrollos.

La puesta en marcha de esta oficina de gobierno forma parte de la propuesta de Ley Nacional de la Vivienda y Asentamientos Dignos, iniciativa de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi) y más de 200 organizaciones sociales encabezadas por Ciudad Alternativa, una ONG que trabaja a favor de un hábitat saludable. Sin embargo, esta idea podría encontrarse de frente con el rechazo de un segmento de la población, que considera que crear una nueva institución gubernamental representa más gastos para el Estado.

Actualmente, el Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) es el que dirige los proyectos públicos de nuevos asentamientos, pero las funciones para las que fue instituido, en 1962, ya resultan insuficientes, considera Susy Gatón, presidenta de Acoprovi. El origen de esta propuesta se remonta a 2008, cuando se presentó una moción en el Senado de la República para crear una secretaría de estado de la vivienda (en esa época no existían ministerios sino secretarías), pero no progresó por falta de seguimiento.

Diez años después, Acoprovi retomó el tema y comenzó a redactar una nueva norma que plantea que dentro de un ministerio se agrupen las múltiples instituciones y programas relacionados con la construcción habitacional, entre las que estaría el Invi.

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“Las políticas de viviendas están muy dispersas; una cosa es Ciudad Juan Bosch, otra cosa es Urbe, está el proyecto Domingo Savio [para reubicar a 1,400 familias], otra cosa es Invivienda. Un ministerio fusionaría todo eso, se alinearían los recursos en función de las prioridades”, comenta Gatón, al referirse a los diferentes programas de construcción de vivienda que ha emprendido el gobierno.

Esta institución contaría con un consejo de directores y tendría tres departamentos principales, explica la directiva: el que elaborará las políticas y la planificación de los proyectos, una unidad de gestión y producción y, por último, un fondo de vivienda.

El consejo de directores, encargado de trazar las políticas a seguir, sería presidido por el ministro de vivienda y sería integrado por los ministros de la Presidencia, de Medioambiente y Recursos Naturales, y de Economía, Planificación y Desarrollo. Además, tendría un representante del sector social y otro de los constructores privados.

En la redacción de la ley participan representantes de colectivos como Casa Ya, Un Techo para mi País, Hábitat y Oxfam, entre otras. Gatón indica que la ley, cuya redacción se pretende concluir este año, abarca reglamentos para la gestión, producción y la calidad de la vivienda, y especifica los medios por los cuales se supliría lo referente a los subsidios para la construcción y el alquiler de la vivienda social, como recursos públicos, cooperaciones internacionales y el apoyo de algunas cooperativas solidarias.

Plantea que el sector privado tendrá facilidades para levantar residencias para alquiler dirigidas a segmentos de población vulnerable, como personas de tercera edad o minusválidos, como ocurre en Estados Unidos. “Tendríamos un fondo de garantía que le pagaría el alquiler al inversionista privado, de manera que éste tenga la seguridad de que va a recibir el dinero invertido”, explica la ejecutiva de Acoprovi.

Alrededor de 70,000 unidades anuales deberían construirse en los próximos 15 años para reducir el déficit cuantitativo de 1,040,000 unidades, indican estadísticas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

Hasta ahora las construcciones no suman ni la mitad de esa cifra, ya que cada año entre el sector privado y el público levantan 25,000 viviendas, en promedio.

La directora ejecutiva de Ciudad Alternativa, Fátima Lorenzo, explica que, aunque son importantes los proyectos de vivienda en los que ahora invierte el Estado, realmente no impactan en la población más vulnerable.

“Lo que se necesita es una vivienda social. Hay muchos proyectos habitacionales, pero la mayoría de la gente no puede acceder al mercado hipotecario para tener una casa”, asegura. Ciudad Alternativa resalta en su informe Las Marcas de la Política Habitacional, publicado en 2017, que las dos terceras partes de la oferta habitacional impulsada desde el Estado se concentran en los proyectos de fideicomisos, lo que ellos consideran que deja fuera a un amplio sector de la población. Por eso proponen incluir en la Ley de Vivienda la modalidad de cooperativismo solidario.

El sector social ha propuesto que además del fideicomiso se implemente el cooperativismo, tomando como ejemplo el caso de Uruguay, que es un referente mundial en ese tema. El país sudamericano ostenta el título de tener el déficit de viviendas más bajo de Latinoamérica, con 88,000 unidades, indica la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua, que reúne a más de 500 cooperativas. Esas cooperativas, un sistema vigente desde la década de 1960, actúan bajo los principios de ayuda mutua, autogestión y propiedad colectiva. La idea es que un grupo de entre 10 y 50 familias se reúna para aportar en una cooperativa con el objetivo de adquirir sus techos.

Las viviendas se fabrican por contratación de terceros, por auto- construcción o por ayuda mutua. El gremio uruguayo de cooperativas impulsa más esta última modalidad. Para construir las viviendas bajo el esquema de ayuda mutua en el país sudamericano, cada cooperativa cuenta con el apoyo de un Instituto de Asistencia Técnica que asesora el proceso de conformación, acceso al crédito y edificación.

El Consejo Directivo de cada cooperativa escoge a los asesores técnicos y contrata a la mano de obra especializada, siendo los propios cooperativistas quienes aportan la mano de obra no calificada: el aporte físico de los cooperativistas debe ser por lo menos equivalente al 15% del valor total del proyecto. Todos trabajan en la construcción de todas las casas, que se distribuyen por sorteo a medida que se van concluyendo.

RETO A SUPERAR

En República Dominicana los ministerios se crean mediante la aprobación de una ley y el gobierno debe nombrar a sus funcionarios y aportar el presupuesto para operar. En este caso, el nuevo ministerio contaría con recursos y funcionarios que ya están activos en el Invi. Además, Acoprovi y las organizaciones sociales plantean que se fusionen los ministerios de la Juventud y de la Mujer en uno que se denomine Ministerio de la Familia, de forma que ese espacio vacante se destine a la nueva dependencia que regirá los proyectos de viviendas.

Sin embargo, Isidoro Santana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, anticipa: “No tenemos ninguna garantía de que creando una nueva institución se van a eliminar otras o que se va a acabar eso de la duplicidad de funciones”.

Por su parte, los organismos sociales descartan que un posible abultamiento del presupuesto público sea un inconveniente, si se tomaran en cuenta las recomendaciones que Oxfam República Dominicana, una ONG internacional que trabaja para erradicar la pobreza, presentó en 2017 en su estudio Se buscan recursos para garantizar derechos.

El documento arroja que si se reorganiza el gasto en varios rubros se puede ahorrar alrededor de 1%  del PIB (unos 800 millones de dólares), que servirían para invertir en la construcción de viviendas sin tener que aumentar impuestos o sobrecargar el presupuesto nacional. Cuando Acoprovi y los representantes de organismos sociales concluyan la redacción de la ley, la enviarán al Congreso para su evaluación, para que posteriormente, desde el sector público, le incluyan otros aportes que la enriquezcan.

Yo lo considero viable en el Congreso”, expresa el senador Rubén Darío Cruz Ubiera, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado, y quien ha propuesto el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, con el cual se pretende ordene todo el territorio para determinar cuáles son los terrenos de vocación agrícola, minera, turística o residencial, y en función de eso ejecutar las edificaciones.

Un ministerio de la vivienda sería importante. Lo que se plantea es que cuando hay una dispersión de instituciones, en ese mismo orden se genere dispersión de recursos, no sólo económicos, sino también humanos. Si se aglutina todo en una sola institución se concentra el trabajo”, opina Cruz Ubiera.

La creación de un marco legal que rija las políticas de viviendas y asentamientos dignos encamina a República Dominicana a la reducción del déficit habitacional que impacta de manera negativa en la calidad de vida de cientos de miles de ciudadanos, y representa un factor fundamental para poder avanzar en los procesos de igualdad que se desarrollan desde diferentes sectores.

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