El pasado mayo, México y Estados Unidos iniciaron una de las etapas más complejas en su relación bilateral luego de que el Presidente Trump amenazara con imponer aranceles a los productos mexicanos; tras varios días de negociación,  el acuerdo al alcanzado entre los dos países detonó el inicio del Plan de Desarrollo Integral anunciado en diciembre de 2018 y que se delineara a partir de los resultados de la Conferencia Intergubernamental celebrada en Marrakech también en diciembre del año pasado. Como resultado de esa Conferencia, México suscribió el Pacto Mundial para establecer una migración segura, ordenada y regular; que convoca al trato digno y respetuoso hacia los migrantes que, en busca de mejores oportunidades, o incluso en búsqueda de la supervivencia, toman la decisión de dejar sus comunidades de origen.

Las adversas situaciones económicas, sociales y políticas han llevado a que en 2017 se alcanzara una cifra mundial de 258 millones de migrantes, de los cuales, 68 millones son migrantes desplazados por la fuerza, 25 millones son refugiados, 40 millones desplazados internos y 3 millones personas en búsqueda de asilo.

Migrar, en el siglo XXI, no tendría que ser una cuestión de supervivencia, tendría que ser el ejercicio del derecho a la movilidad en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, para millones de personas alrededor del mundo, migrar es despojarse de sueños, apegos, patrimonio, raíces, por buscar quizás, con el último aliento, el refugio que ofrecen países si no mejores, menos complejos.

La guerra, el autoritarismo, el crimen organizado, la violencia estructural, la corrupción, la desigualdad, la falta de oportunidades, llevan a millones de familias a emigrar año con año e iniciar el tortuoso camino de llegar a una “tierra prometida”. En muchos casos, el migrante no logra llegar a su destino final, y en la mayoría de los casos se enfrenta a la xenofobia, otro tipo de violencia y más marginación. Pareciera que al ser humano no le gusta lo diferente, le aterra la idea de lo extranjero, aunque paradójicamente anhele sus estilos de vida.

No son los migrantes, ni las condiciones en las que buscan mejores oportunidades; el problema son los gobiernos y las instituciones que los expulsan, que los obligan a migrar, ignorando sus carencias y polarizando sociedades que viven cada vez más fracturadas y paralizadas.

En escenarios tan complejos como el de Honduras, país que recibe más de 450 billones de dólares en programas de combate a la pobreza sea y que, según datos del Banco Mundial, es el país más desigual del mundo; en el que la brecha entre ricos y pobres no sólo sea una cuestión de poder adquisitivo sino de vida o muerte.

Recientemente, México ha comprometido treinta millones de dólares para el desarrollo de Centroamérica y el sur de México, a través del Programa Sembrando Vida, que aunque promete un amplio desarrollo para el Triángulo Norte de América Central no logrará abatir el creciente flujo migratorio de tránsito hacia los Estados Unidos mientras los gobiernos de los países de la región no fortalezcan sus agendas nacionales y muestren un amplio compromiso con el cambio político, económico y social al interior de cada uno de ellos.

Fortalecer Centroamérica no se logrará solo con préstamos para el desarrollo, menos en el contexto geopolítico dominado aún por los intereses políticos de los Estados Unidos.

Mientras no se estabilicen las condiciones políticas de países como Honduras, Guatemala y Nicaragua, México seguirá siendo aliado que provee paliativos a la situación de los migrantes de tránsito, pero difícilmente podrá solucionar lo que debe ser corregido en los países expulsores de migrantes.

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