A lo largo de estos tres años, el gobierno estadounidense ha cambiado radicalmente su forma de relacionarse con la periferia. El manejo de su área de influencia se ha dado en torno a la reducción presupuestal hacia los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), a través de fondos destinados al desarrollo de programas para la disminución del crimen y que en décadas anteriores habían sido destinados al fortalecimiento de políticas públicas en materia de seguridad pública, a los sistemas de justicia, a la prevención de violencia, el desarrollo de una cultura de transparencia y la buena gobernanza.

Sin embargo, los paquetes de ayuda a la región se han visto afectados considerablemente desde 2017 cuando la asignación presupuestal aprobada por el Congreso de los Estados Unidos para los tres países fue de 657.4 millones de dólares, lo que posteriormente originó una asignación de 615 millones en 2018 y de 527.6 millones para 2019.

Además de los propios matices políticos de la región, el presidente Trump ha enfocado su retórica en el fenómeno migratorio proveniente del Triángulo Norte como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ante las caravanas de migrantes la respuesta fue enérgica y utilizando mecanismos de presión al gobierno de México, ha logrado el planteamiento de un Plan de Desarrollo para la región que será auspiciado por el gobierno mexicano.

No obstante, el recorte presupuestal prometido en la campaña presidencial de 2016 y concretado en 2017 se percibe ahora como un compromiso cumplido y una extraordinaria plataforma para que Donald Trump busque el boleto para la elección en el 2020.

Sin importar las condiciones políticas al interior de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, Washington buscará mantener las restricciones a los paquetes de ayuda, aunque esto implique el deterioro de estrategias de seguridad para el combate al crimen organizado.

En un esfuerzo por justificar los recortes presupuestales y mantener la política ofensiva hacia la región, el gobierno estadounidense ha puesto sobre la mesa su preocupación por los vínculos de corrupción entre servidores públicos de los gobiernos de la región y el crimen organizado, enfatizando que estos existen de manera sistemática a pesar de estrategias eventualmente utilizadas para eliminarlos.

El desarrollo en la región debe ser un tema prioritario, y bajo un enfoque humanitario se deben diseñar programas autosustentables que no dependan de los fondos internacionales, pues se antoja cada vez más difícil la obtención de partidas presupuestales provenientes de países como Estados Unidos.

Aprovechando las coyunturas políticas en los países de Centroamérica, se debe priorizar en las agendas nacionales la reconstrucción del tejido social en las zonas más vulnerables y marginadas; no sólo para hacer frente a una migración cada vez más dinámica y compleja, sino para de una vez por todas cortar con la dependencia con respecto al Norte.

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