Por Adolfo Laborde*

En los últimos años hay una clara reestructuración del proceso de integración regional y subregional en el continente. En contraposición al proceso integracionista latinoamericano, es decir, a la integración autónoma de los países latinos, se formula un esquema que gira alrededor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es decir, el TLCAN, hoy T-MEC y en algunos casos, a otros esquemas de integración fuera de la región. Este proceso de integración ha marcado un rumbo diferente en el continente, y los efectos que causó en el proceso de integración en América Latina se reflejan en diversos aspectos, entre ellos en el cambio de las políticas económicas y comerciales que varios países latinos habían emprendido a partir de los años setenta que abarcaron hasta hoy en día.

La concertación política que ha caracterizado a los procesos integracionistas en América Latina como la Alianza del Pacífico, puede acelerar la puesta en marcha del nuevo modelo, pues ya ha dado frutos, como se demostró en el Grupo Río y Contadora, que coadyuvaron a la pacificación de Centroamérica. Es necesario precisar que la idea de integración contiene distintos niveles, que incluyen desde la integración económica, hasta la integración política, proceso que se inicia con la primera, como ocurrió en Europa, donde la integración comenzó con la formación de un Mercado Común y posteriormente se expandió para conformar la Unión Europea, organismo que rebasa el ámbito económico y busca la unión política de las naciones participantes.

Entonces y ante una crisis migratoria en Mesoamérica, ¿por qué no dar paso a un proceso más acelerado de integración entre México y Centroamérica? Dicho proceso en una etapa más avanzada de integración (Mercado Común) además de permitir la libre circulación de personas, implican un conjunto de acciones para lograr la libre circulación de bienes, servicios, y factores productivos; el establecimiento de un arancel externo y la adopción de una política comercial, la coordinación de políticas macroeconómicas y la integración de los regímenes jurídicos de los países miembro. De esta manera, la conformación de un Mercado Común, además de reorientar la política económica de cada Estado, la decisión de trasladar parte de su soberanía en función de los objetivos comunitarios. De hecho, México cuenta con un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Centroamérica que entró en vigor el 1 de septiembre de 2012 (Secretaría de Economía, 2019).

Para acelerar el proceso de integración, después del TLC se necesita avanzar a una Zona de Libre Comercio y Unión Aduanera. Quedaría pendiente la fase de la Unión Económica que podría darse al momento de reducir las asimetrías económicas de la región y con ello los flujos migratorios. Paralelamente a dicha aceleración del proceso de integración, los fondos que se han presupuestado para el plan anunciado para Centroamérica por el gobierno de México, podrían ser la antesala de los fondos de compensación para dotar de desarrollo a la región y de esta manera, combatir desde esta perspectiva, las causas y orígenes de la migración. Esta idea se empareja por lo que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 y por las declaraciones al respecto del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Funcionará esto luego que llevamos más de 50 años tratando de integrar a América Latina? Es difícil, pero hoy en día pienso que hay una coyuntura que podría generar las condiciones para materializar ese viejo sueño bolivariano de la integración de América Latina, comenzando con Centroamérica.

*Doctor en Relaciones Internacionales. Profesor Investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México.

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