Nidia Díaz, jefa de fracción del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional  (FMLN) y la diputada Anabel Belloso valoran más de 1,000 trabajadores despedidos en el primer mes de gestión del Gobierno de Nayib Bukele.

María Marta Valladares Mendoza de seudónimo Nidia Díaz, ha criticado la manera en que los funcionarios de gobierno están despidiendo a los empleados, pero sobre todo al mandatario de El Salvador; al violentar el debido proceso para hacerlo.

Al respecto, la diputada Belloso concuerda con lo que dice Díaz, mencionó que el gobierno ha violentado todos los derechos laborales de las personas, las cuales en su mayoría no han sido indemnizadas por el Estado. Sumó que hay una persecución por parte del presidente salvadoreño, Nayib Bukele con las personas ligadas al partido político de izquierda FMLN.

Al inicio de su gestión como presidente, Bukele decidió anular varias carteras de Estado bajo la justificación que habían sido para contratar a militares del FMLN; entre ellas la Secretaría de Transparencia y la de Inclusión Social. El pasado 5 de junio publicó en twitter “Queda claro que la extinta Secretaría de Transparencia no servía para NADA. Más que como parte de la Fábrica de Empleos”.

Alrededor de 400 trabajadores de cinco secretarías se enteraron mediantes tuits que se quedaban sin empleo. Además, 30 familiares del expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Mirón o de otros líderes del partido FMLN, conocieron por twitter que estaban desempleados de las dependencias de gobierno.

Bukele publicó el pasado 4 de junio “Se le ordena a la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, que remueva al hijo del expresidente de la República de su plaza en FONAVIPO y que sus $4,000 de salario pasen a ahorro de la Institución”.

Sobre las contrataciones de parientes del expresidente, Belloso señaló que no son casos de nepotismo al no estar bajo la dirección de él. Asimismo, dijo que el gobierno de Nayib ha cometido errores en los despidos, como el caso del supuesto hermano de Lorena Peña; insistió que es una persecución política porque no se ha respetado el debido proceso.

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