Por Daniel Ortiz*

El gobierno de Estados Unidos busca reducir los márgenes de operación de grupos delictivos y terroristas a través de operaciones de inteligencia financiera para impedir no solo el lavado de activos en su territorio sino también en los países de América Latina.

La Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero de Estados Unidos establece el marco de cooperación entre las diferentes agencias involucradas en el combate al lavado de activos para contrarrestar delitos y amenazas conexas. Por ejemplo, la agenda de riesgos y amenazas a la seguridad nacional de ese país incluye el tráfico de drogas, en especial opioides como el fentanilo, trata de personas y tráfico ilegal de migrantes, ciberdelincuencia y por supuesto el terrorismo.

El gobierno de Estados Unidos promueve que las instituciones financieras y el sector privado cuenten con programas preventivos contra el lavado de dinero (AML por sus siglas en inglés) con base en la Ley de Secreto Bancario (BSA en inglés). La BSA de 1970 obliga a las instituciones financieras a cooperar con las agencias de este país para combatir el lavado de dinero.

El Departamento del Tesoro, a través de la Red Contra los Delitos Financieros (mejor conocida como FinCEN) y la Junta de Gobierno de la Reserva Federal de este país enviaron un comunicado conjunto el 3 de diciembre de 2018  en el que establecen que “las agencias reconocen que la innovación del sector privado, incluidas las nuevas formas de usar herramientas existentes o adoptar nuevas tecnologías, puede ayudar a los bancos a identificar e informar sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras actividades financieras ilícitas al mejorar la eficacia y la eficiencia de los bancos a través del uso de programas de cumplimiento BSA/AML . Para ayudar a los bancos en este esfuerzo, las Agencias se comprometen a mantener un compromiso continuo con el sector privado y otras partes interesadas”.

Lo más importante de este comunicado es que “las agencias no penalizarán ni criticarán a los bancos que mantienen programas efectivos de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario BSA/AML acordes con sus perfiles de riesgo”. Recordemos que las disposiciones de informe y archivo de la BSA aplican a los bancos, instituciones de ahorros y préstamos, uniones de crédito y otras instituciones depositarias (denominadas colectivamente como “bancos”) y a otras empresas definidas como instituciones financieras, incluyendo casinos, agentes de bolsa y agentes de valores y empresas de servicios monetarios (denominadas colectivamente como “no-bancos”).

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) está ampliando su cooperación con sus contrapartes en América Latina para contrarrestar las amenazas anteriormente señaladas. La OFAC está congelando dinero en cuentas bancarias y activos como nunca en la región gracias a la renovada cooperación con las instituciones de inteligencia financiera latinoamericanas.

No hay semana que no tengamos noticias en México, Brasil, Argentina, Colombia y otros países latinoamericanos del congelamiento de cuentas de empresas que están involucradas directamente o indirectamente en delitos de corrupción, delincuencia organizada o por sanciones a terceros países que están en las listas negras del Departamento de Estado de los Estados Unidos por terrorismo.

Asimismo, varios países de la región se encuentran en proceso de actualizar sus agendas de riesgo, así como las evaluaciones del cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero. El GAFI y su red en subregión conocida como GAFILAT reúnen a 17 países de América del Sur, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. GAFILAT está logrando un gran nivel de cooperación entre las agencias de inteligencia financiera y contra el lavado de activos de la región.

La presión de las agencias de inteligencia –financieras y de seguridad- de Estados Unidos, el mayor compromiso de los países latinoamericanos para cumplir con las 40 recomendaciones del GAFI, los terribles casos de corrupción y la amenaza de la delincuencia organizada están provocando que la agenda contra el lavado de dinero esté al más alto nivel político nacional e internacional en la región.

Por otro lado, La División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó en abril de este año la Guía para la Evaluación de los Programas de Cumplimiento Corporativo. Este documento sirve de guía para los fiscales estadounidenses para evaluar, en caso de que se abra una investigación en contra de una empresa, los programas y políticas de cumplimiento regulatorio. Esta guía sirve también como documento base para las compañías que quieren estar al día en sus acciones preventivas para cumplir con la normatividad en Estados Unidos y las mejores prácticas empresariales globales.

Las instituciones financieras y el sector privado, además de fortalecer sus áreas de cumplimiento regulatorio, deben contar con estrategias, programas y nuevas herramientas tecnológicas que les permitan prevenir el uso de sus empresas para lavar activos que beneficien a la delincuencia transnacional. La oportunidad de cooperar con las agencias de inteligencia de nuestros países y de Estados Unidos puede ayudarnos a prevenir acciones penales que dañen el prestigio y economía de nuestras organizaciones.

*Director de Desarrollo de Negocio para Latinoamérica de LexisNexis® Risk Solutions México

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