El plan de seguridad anunciado parcialmente por el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, podría obtener finaciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) si sus componentes están dentro del alcance de las áreas en las que la institución bancaria tiene injerencia, aunque por el momento no ha ninguna solicitud específica de fondos, aseguró la representantel del BID en El Salvador, Carmiña Moreno.

“No hemos recibido todavía una solicitud para planes específicos en el marco del plan de seguridad que el gobierno está elaborando y que ha venido compartiendo con toda la comunidad”, afirmó Moreno.

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El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, presentó frente a la Asamblea Legislativa la estrategia de financiamiento del plan de seguridad Control Territorial, y afirmó que tendría un costo de 575.2 millones de dólares (mdd), para implementarse entre 2019 y 2021.

Para su financiamiento se busca obtener de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por 200 mdd.

Aunque el gobierno no ha mencionado al BID entre las posibles opciones de fondo, Moreno señaló que siempre serán “socios del desarrollo del país”.

“Queremos entender cuál es el alcance del plan y dónde nosotros y nuestras ofertas de financiamiento encajarían”, aseguró.

“Hay temas seguramente de inversión en infraestructura, inversión social, que caben en los sectores elegibles para el banco, y como siempre, estamos muy abiertos para el diálogo cuando el Gobierno lo estime conveniente”, añadió.

Refuerzo presupuestario

El BID tiene pendiente un crédito de $200 millones de refuerzo presupuestario que ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa, pero aún está pendiente de ratificación. A pesar de ello, Fuentes lo mencionó dentro de su informe de rendición de cuentas.

Moreno explicó que junto con el gobierno elaboraron una matriz de resultados como condición para aprobar el financiamiento. Este tiene componentes relacionados con contrataciones y compras de bienes y servicios más eficientes, así como procesos de inversión, mejora regulatoria y macroeconómicos.

Un ejemplo de ello es una reforma a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones Públicas (LACAP) “que incorpore mecanismos de contratación eficientes y transparentes, incluyendo el uso obligatorio de la subasta electrónica inversa, convenios marco o catálogo”, tal y como puntualizan documentos publicados en la página web del organismo multilateral.

Son tres los componentes: estabilidad macroeconómica, reformas de políticas y gestión de gastos e ingresos públicos –que incluye las compras públicas– y la reforma del sistema de pensiones.

Este último incluye temas como la publicación del “reglamento para el funcionamiento de Comité de Riesgos, y el reglamento para el funcionamiento del Comité Actuarial que determine los montos de las pensiones mínimas, revisar las expectativas de vida para determinar las edades de jubilación y revisar la suficiencia de la Cuenta de Garantía Solidaria”.

Fuentes afirmó que la operación con el BID implica una reducción en la tasa de interés de 7.5% a 3.5% en relación con la emisión de títulos con los que se esperaba cubrir el déficit.

El año pasado se autorizó una emisión de 1,297 mdd para cubrir el faltante en el presupuesto y un pago de deuda de 800 mdd. El préstamo del BID reduce el monto necesario a obtener por bonos y permite un ahorro de 11 mdd anuales por 20 años.