Lo mejor que le pudo pasar a Guatemala es el amparo concedido por la Corte de Constitucionalidad para evitar que el presidente Jimmy Morales firmara el acuerdo migratorio con los Estados Unidos que habilitarían al país centroamericano como Tercer País Seguro.

Días atrás el gobierno de Morales había confirmado la reunión con el presidente Trump en la que se expresaría el deseo (incomprensible para muchos) de ofrecer las condiciones de seguridad humanitaria que requieren los migrantes ofreciendo las condiciones de protección básicas, un estatus legal, autorización de trabajo y servicios sociales básicos; esto, en el marco del Acuerdo Bilateral con México.

El controversial término nace bajo los principios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, implica que un país puede negarse a conceder asilo a una persona y remitirla a un tercer país que sea considerado “seguro”.

Bajo estos principios, el gobierno guatemalteco expresó su voluntad de convertirse en la tercera línea de defensa para Estados Unidos, convirtiéndose así en tercer país receptor de migrantes, aún sin tener la capacidad para recibirlos.

Ante la reciente situación migratoria, el amplio debate sobre la posibilidad de albergar a migrantes que busquen asilo ha puesto sobre la mesa también el debate acerca de las condiciones políticas, sociales y económicas que imperan en la región y que deberían ser objetivo primordial para atenderse ante la inminente crisis migratoria que se avecina derivada de las nuevas medidas migratorias establecidas por Estados Unidos y que entran en vigor este 16 de julio. Así mismo, la amenaza de las redadas de migrantes trae consigo una alerta de seguridad humanitaria importante que obliga a la implementación de medidas de atención y acompañamiento a los migrantes de retorno.

Con la concesión del amparo, la Corte guatemalteca busca evitar el incremento de la pobreza, la marginación y la delincuencia. La gran cantidad de migrantes nicaragüenses y salvadoreños hacia el territorio guatemalteco, ha generado una amplia intolerancia entre la población, que en lo general responsabiliza del aumento en la violencia y la delincuencia a los migrantes de países centroamericanos que llegan en grandes cantidades al país.

Guatemala ha sido blindada por su Corte Constitucional, al menos por ahora, se ha cancelado la reunión entre Jimmy Morales y Donald Trump pues se ha declarado anticonstitucional la eventual firma del Acuerdo mediante el cual, el país centroamericano entraría a la operación de actividades en favor de una migración “ordenada, segura y regular”.

Jimmy Morales necesita por lo menos 80 votos para firmar el Acuerdo de Migración con Washington y aunque la controversia ha quedado aplazada temporalmente, no se descarta que el actual gobierno guatemalteco insista en la firma del documento migratorio a cambio del apoyo de los Estados Unidos en el de la disputa territorial con Belice.

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