EFE.- La Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso suspender la discusión de una iniciativa de ley con la que se pretendía ampliar la amnistía por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado (1960-1996) en Guatemala.

El máximo órgano constitucional decidió amparar a varios grupos humanitarios y la Procuraduría de Derechos Humanos, quienes rechazan la iniciativa 5377 con la que los diputados buscaban reformar la Ley de Reconciliación Nacional.

Con esta iniciativa se pretendía otorgar amnistía a los responsables del genocidio, desaparición forzada y torturas cometidos durante la guerra interna, además de favorecer a quienes hayan sido ya juzgados y condenados por estos delitos de lesa humanidad, poniéndolos en libertad en 24 horas.

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En su fallo, divulgado este viernes por el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), uno de las organizaciones que rechaza la amnistía, la Corte ordena al Congreso suspender la discusión de la iniciativa 5377 hasta que la resolución sea definitiva.

El abogado de Caldh, Héctor Reyes, explicó este viernes que ya fueron notificados por el mayor tribunal del país, el cual consideró que la iniciativa de ley es “lesiva” para los intereses de las víctimas, por lo que estimó prudente otorgar el amparo provisional.

“Esto quiere decir que todo el procedimiento en este momento queda suspendido”, aseguró, y calificó el fallo, que suspende la aprobación de la ley, de “muy importante” para las víctimas del conflicto armado que buscan justicia.

Las organizaciones humanitarias, que aglutinan a familiares de las víctimas del conflicto armado, se oponen a esa iniciativa por considerar que sería una “burla” para los miles de muertos y desaparecidos durante la guerra.

A ese rechazo también se ha sumado la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien considera que de ampliarse la amnistía Guatemala retrocedería en garantizar el derecho a la justicia y que significaría la impunidad para los señalados de cometer crímenes de lesa humanidad.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) también rechaza la reforma a la Ley de Reconciliación Nacional, establecida en los Acuerdos de Paz firmados en 1996, y asegura que provocaría un “daño severo” a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

El conflicto dejó en Guatemala al menos 250,000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, y la mayoría de casos, cometidos por el Ejército, aún se encuentran en impunidad.