Los resultados de la recaudación tributaria por parte de los países de Centroamérica en el cierre del primer semestre de 2019, reflejaron una reducción de su carga tributaria. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) manifestó que si la recaudación continúa en el mismo camino este año, la carga promedio caerá por segundo año al 13.7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Circunstancias como la crisis política, pérdida de legitimidad de los gobiernos, menor crecimiento económico y disminución en la eficiencia de las administraciones tributarias están afectando a Guatemala, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua en la recaudación de impuestos del 2019.

Asimismo, el Icefi detalló que los gobiernos y organismos legislativos no están haciendo los esfuerzos suficientes para contrarrestar esta situación que se ha dado en algunos países desde el 2016.

Conforme las proyecciones de cierre por el Icefi, algunos países de la región centroamericana terminarán con agujeros fiscales. Algunos resultados por la caída de la recaudación que se han observado, son la disminución del gasto y la inversión pública en El Salvador, Guatemala y Nicaragua; así como un mayor endeudamiento público en Panamá y El Salvador.

En el caso de Costa  Rica, si hubiera un cambio de trayectoria podría tener más recursos que los estimados en el presupuesto; sin embargo, reflejaría una menor carga tributaria, produciendo un alza del déficit y de la deuda pública.

Para los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), el 90% de los recursos son utilizados para realizar sus políticas públicas, ya que estos países carecen de recursos propios para  ampliar la calidad de bienes y servicios públicos no pueden ofrecer una repuesta integral a la migración desarrollada por la violencia, pobreza y falta de oportunidades.

Recaudación tributaria en 2019 por país

Costa Rica: Se espera que la recaudación al final de este año sea de un 12.8% de carga tributaria, como resultado de una subestimación  de las autoridades fiscales continuará decreciendo del 13.2% reportada en 2018.

Conforme al estimado, se estiman dos acotaciones; la primera se desconoce el efecto de la reforma al IVA, y la segunda es que la vigencia de la amnistía tributaria recaudó  232.0 millones de colones. A lo que concluye que la situación de Costa Rica es más delicada.; puesto que al no existir esos ingresos la carga tributaria estaría alrededor del 12.2%.

El Salvador: Se espera una carga tributaria del 17.6% para el 2019, cuando en el 2018 fue del 18.0%. Parte de esto se debe con las declaraciones de inconstitucionalidad de los Decretos 762,763 y 764, que dejaron sin facultades a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Guatemala: El cierre de 2019 estima que concluirá en casi 9.7% por debajo del 10.1% planteado por el presupuesto y del 10% en 2018.  La caída en la recaudación es consecuencia de política de austeridad, la disminución del gasto; principalmente el social y la inversión.

Al respecto, el Ministerio de Finanzas Públicas y el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no han publicado mecanismos rentables que brinden la advertencia de revertir la caída negativa.

Nicaragua: La proyección de cierre de este año será del 15.1%, por debajo del 15.6% de 2018 y del 15.4% estimado en el presupuesto de ingresos para el 2019. Representa un agujero tributario de casi 1,038.7 millones de córdobas (31.2 millones de dólares).

Panamá: La carga tributaria al cierre, será de 8.4%, en el 2018 fue del 8.9%. El Icefi detalló que es el producto de la pérdida de capacidad de administración para el cobro de impuestos.

Honduras: Sería el único país de la región que su carga tributaria fuera del 18.6%, por encima del 18.1% registrado en 2018 y del 18.4% estimado en el presupuesto para el presente año. Los efectos son primordialmente por el impuesto a los combustibles cuya base se expresa en dólares.

Por tales razones, el Icefi convoca a las autoridades fiscales y tributarias, como a los organismos legislativos de Centroamérica; para que diseñen y pongan en marcha planes integrales para la mejora de la fiscalización y del control; combate al contrabando y la informalidad; regulación de los flujos ilícitos de capital y precios de transparencia. Asimismo, la lucha contra la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas.

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