La Comisión Especial del Congreso solicitó a la Fiscalía General de la República, investigar al expresidente costarricense Luis Guillermo Solís Rivera por el caso del cementazo. A pesar de que los diputados prefieren no anticipar un dictamen.

La Comisión está investigando el informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), la cual desligó a Solís de faltas al deber de integridad. En el informe que votará la Comisión Especial del Congreso, se realizará la sugerencia aunado a nuevos descubrimientos, que manifiestan una intervención de la Casa Presidencial en la disposición del crédito de 31 millones de dólares (mdd) por parte del Banco de Costa Rica (BCR) al empresario Juan Carlos Bolaños Rojas para la importación del cemento chino.

El pasado 19 de junio, el órgano acusante extendió los avances en la indagación del crédito del BCR para el cemento chino. A través de un comunicado, la Fiscalía develó que diez personas estaban involucradas en el caso; las cuales fueron presentadas al proceso.

  • Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino.
  • Mario Barrenechea, exgerente del BCR
  • Paola Mora, expresidenta del Banco de Costa Rica
  • Marvin Corrales, subgerente de Banca Minorista
  • Andrés Víquez, subgerente de Banca Mayorista
  • Leonardo Acuña, subgerente de Finanzas y Riesgos
  • Ramírez, director de Gestión de Créditos
  • Gilberth Barrantes, gerente corporativo de Riesgos y Control Interno
  • Javier Rojas, gerente general de la empresa Sinocem
  • Mario Cortés, representante de la empresa Sinocem

Determinó que el expediente principal, el 16-000013-0033-TP, fuera declarado “tramitación compleja” por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, el pasado 4 de octubre de 2018.

Al respecto, Roberto Thompson, representante del Partido Liberación Nacional (PLN) argumentó que no puede adelantar criterio, acerca de la solicitud a la Fiscalía para investigar a Solís.

Agregó que cree que todas las conclusiones de la comisión deben ponerse en manos de la Fiscalía porque hay una serie de hechos que han sido reveladas que a su criterio, no se tomaron en cuenta en el estudio acelerado que hizo la Procuraduría de la Ética en su momento; y que son hechos relevantes que suman a la investigaciación. Indicó que lejos de identificar a alguien en especial, deberían ponerse todos en conocimiento de la Fiscalía.

Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y Thompson señalaron que los testimonios recabados, apuntaron que hubo una intervención de la Casa Presidencial con la aprobación e Solís para la disposición del crédito. Thompson manifestó que aunque quedó en evidencia, no fue tomado en cuenta en el informe que la PEP mandó a la Asamblea Legislativa.

El diputado Vargas dijo que el plazo de la Comisión para someter un informe al Plenario Legislativo se extendió hasta el lunes 5 de agosto. Señaló que los legisladores de la comisión tendrán reuniones esta semana para buscar un informe de consenso.

El pasado 7 de noviembre de 2017, el expresidente Solís había manifestado que nunca había inducido ni cometido un acto contario a la ley en el marco del supuesto tráfico de influencias conocido como cementazo.

“No he ordenado, propiciado, cometido, ni inducido ningún acto contrario a la ley. La Presidencia de la República ha actuado respetando el deber de probidad y el Estado de derecho, con el único fin de beneficiar al mayor número de costarricenses”, apuntó.

Dijo que había impulsado una política pública para reducir el precio del cemento para los consumidores y que había dictado lineamientos generales para ello, sin conceder los pormenores de su funcionamiento.

El exdiputado Víctor Morales Zapata del Partido Acción Ciudadana, fue uno de los principales señalados del caso cementazo. Mariano Figueres, director de Inteligencia, había mencionado que el diputado era un embajador del empresario Bolaños.

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