Las municipalidades y universidades costarricenses tienen una dependencia elevada de las transferencias que reciben del gobierno central, esto causa que dichas entidades deban cumplir con la regla fiscal, el no hacerlo implicaría “socavar” el rendimiento de la reforma fiscal sobre las finanzas del Estado y por ende, afectaría las finanzas del gobierno, opinó la contralora general, Marta Acosta este martes.

La contralora presentó formalmente su oposición ante la Asamblea Legislativa de dos tipos de iniciativas para que las municipalidades y las universidades estatales fueran exentas de cumplir con la regla fiscal.

Denunció la tramitación de un proyecto de ley 21.494 que pretende “devolverles” la autonomía a las municipalidades bajo el entendido de que ellas reciben y generan, a través de impuestos, sus propios recursos.

También criticó los planteamientos oficiales y de una acción de inconstitucionalidad planteada por las universidades estatales que busca mantenerlas al margen de cumplir con la regla fiscal, argumentando con su autonomía.

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Acosta aseguró que tanto las municipalidades como as universidades tienen una alta dependencia de las transferencias del gobierno central para poder subsistir, por lo que, dejarlas al margen arriesgaría la estabilidad futura de las finanzas gubernamentales, debido a que los déficits en los presupuestos de dichos sectores pueden llegar a convertirse en “pasivos contingentes” para el gobierno; el gobierno tendría que asumir las eventuales pérdidas o deudas por defender la autonomía de estas entidades.

Acosta sentenció “ninguno afuera” al ser consultada por el diario CRHoy.com acerca del tema.

El problema es que las transferencias como un todo se han convertido en una bola de nieve insostenible cuya tendencia debe ser cortada sí o sí para recuperar el equilibrio en las finanzas.

Las transferencias del gobierno central están estrechamente ligadas a las variaciones del déficit financiero.

En las universidades, los aportes a la educación superior representaron el 8.7% de los gastos corrientes del gobierno central en 2018.

Acosta asegura que cumplir con la regla fiscal en 2019 significaría que si gasto corriente crezca 12,000 millones de colones (20.9 millones de dólares aproximadamente) menos que lo estimado.

En el caso de las municipalidades, la contralora señaló que la dependencias de las transferencias del gobierno alcanza el 60% de los ingresos en algunos casos.

En este sector, el endeudamiento representa un pasivo contingente para el gobierno que pasó de 25,526 millones de colones (44.6 mdd aproximadamente) en 2011 a 82,770 millones (144.7 mdd aproximadamente) en 2018.

“Todos debemos participar, tanto las universidades como las municipalidades reciben transferencias del gobierno”, recalcó Acosta al señalar que no permitir a estas entidades entrar en la regla fiscal terminaría por generar un desbalance en las transferencias que realiza, provocando endeudamiento.