Por Urías Gamarro

Analistas y autoridades coincidieron en que en esta evaluación se debe a la suspensión temporal del artículo 30 “C” del decreto 6-91 del Código Tributario, que este 3 de agosto cumple el primer año de la suspensión por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Juan Sebastián Blas, director de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Finanzas (Minfin), dijo que se bajaron dos escalones en la calificación (de inversión) por no cumplimiento y “hasta el momento se está esperando el documento el documento final”.

La calificación es de “no cumplidores”. Explicó que las acciones de la CC sobre el artículo 30 “C” del Código Tributario tuvo una incidencia directa sobre el acceso a la información bancaria.

Pero también hay otros estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), así como los registros de los beneficiarios finales. Además, que la OCDE cambio la metodología en 2018 y el acceso a la información lo están midiendo (ahora) de forma automática.

“Habíamos cumplido con el estándar internacional en el 2016, y ahora la calificación es que no se cumple con el estándar internacional en el intercambio de información”, reconoció el técnico.

De momento, dijo Blas, se están observando cuáles son los factores que se evaluaron por parte de la OCDE, pero en una buena medida fue la acción de amparo de la CC sobre el artículo 30 “C” del Código Tributario.

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Eso se impide el acceso a la información bancaria, subrayó.

Desde el 3 de agosto del 2018, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), no tiene acceso a la información de los contribuyentes y el único mecanismo es por medio de una orden de juez competente.

“Era de esperarse”

En el tema de acceso de información bancaria para fines de fiscalización, Abelardo Medina Bermejo, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), detalló que el incumplimiento ya se esperaba y era “una muerte anunciada”, por parte del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Tributarios.

Ahora se espera que la CC resuelva en materia legal y tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben de correr para corregirlo.

Si no hay ningún problema, dijo, la CC debe desentrampar en definitiva y que la SAT pueda cumplir con los acuerdos de intercambio de información.

Añadió que se debe resolver el tratamiento a las acciones al portador, en la cual se emitió una legislación que estaba prohibida estas acciones, no se definió el plazo para transformar a nominativas estas acciones al portador, las sanciones, procedimientos y eso está en el limbo.

Por el lado lavado de dinero, la Superintendencia de Bancos (SIB) ha logrado perseguir la apertura de cuentas, pero se carece de análisis de apertura, lavado de dinero en grandes estructuras financieras.

“El paso urgente que se tiene que dar es que la SAT recupere la capacidad para lograr acceso a la información bancaria, que dará la posibilidad de fiscalizar y perseguir la información que ellos necesitan”, afirmó Médina Bermejo.

Lo ideal es que el país pase de no cumplidores a parcialmente cumplidores, resaltó.

Apoyo a la OCDE

Blas confirmó que Guatemala solicitará cooperación y asistencia técnica a la OCDE en breve y de cara a la evaluación de los próximos dos años. El funcionario afirmó que la asistencia técnica será para a la SIB, Registro Mercantil, SAT para volver a alcanzar las acciones.

Tanto Blas como Fernando Suriano Buezo, intendente de Recaudación de la SAT, confirmaron que no existe un monto para cuantificar cuanto representó en términos de cobranza la suspensión del artículo a un año de la suspensión temporal.

“Es un instrumento de apoyo y de análisis, pero es muy difícil hacer una proyección de lo que ha representado al fisco no contar con esa herramienta”, manifestó el intendente.

El director afirmó que es difícil evaluar los efectos, “porque en parte, la resolución de la CC, como esta en función de los riesgos de los contribuyentes de pagar o no pagar, es muy impreciso calcular los impactos recaudatorios y es un proceso muy complejo”.

Posibles impactos

Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), es una percepción de paraíso fiscal y eso hay que revertirlo.

Mencionó que aún no está la definición final del informe y que hasta este miércoles, el grado de calificación de inversión para Guatemala era cuatro en los exim bank (bancos de comercio exterior) y no había variado.

En todo caso, si baja dos escalones a seis, las consecuencias serían en un posible incremento para las tasas de interés en créditos o préstamos que se adquieran en las actividades de comercio exterior.

Blas dijo que para la próxima semana se espera la versión final.

*En alianza con Prensa Libre