Mientras que el mercado de los casinos a nivel global sigue creciendo y dejando grandes ganancias, en Panamá, Costa Rica y República Dominicana, la industria se ve afectada por cargas impositivas, la competencia desleal con el juego ilegal y leyes obsoletas que no regulan las nuevas modalidades de juego, como las loterías y las apuestas deportivas y online.

En 2016 los ingresos para la industria de casinos a nivel global fueron de 115,000 millones de dólares (mdd) y se prevé que en 2019 la cifra alcanzará 130,000 mdd, indica Statista. Macao es el mercado más grande del mundo con un crecimiento acelerado; ahí, las apuestas pasaron de generar ingresos por alrededor de 10,000 mdd en 2007 a más de 32,000 mdd en 2017, ahonda el portal de estudios de mercado.

En comparación, en Nevada, Estados Unidos, los ingresos fueron de 11,570 mdd en 2017, 2.8% más que en 2016, mientras que todo el país alcanzó en 2017 la suma de 40,000 mdd, puntualizan cifras del reporte State of the States 2018: The AGA Survey of the Commercial Casino In-dustry, elaborado por The AmericanGaming Association (AGA).

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

En Centroamérica, Panamá era el lugar preferido de los apostadores, hasta que en 2015 el gobierno estableció un impuesto de 5.5% a los juegos de azar para sufragar un aumento de las pensiones y jubilaciones. Desde esa fecha la industria entró en una espiral negativa y los intentos de los operadores de combatirla con diversas promociones no han dado resultado, dice Antonio J. Alfaro, presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar de Panamá (Asaja).

Ante esta situación, la mayoría de los casinos han disminuido operaciones y tres han cerrado. Actualmente, sólo 14 están operación. Las cifras también dan cuenta de ello: en 2013 la industria alcanzó alrededor de 45 mdd, mientras que hoy ese número está por debajo de los 36 mdd.

Asimismo, la afluencia de jugadores ha disminuido 50%, lo que ha obligado a los operadores al cierre de secciones importantes, sobre todo en mesas, que son las que      crean empleos. Como consecuencia, se han perdido más de 3,500 puestos de trabajo.                          

A esto se suma la caída en la ocupación hotelera, que hoy registra 45%, mientras que en 2010 era de 70%, según cifras de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel). “Además de la baja hotelera, el turista no comprende ni desea pagar el 5.5%; eso hace que se nieguen a jugar durante su estadía en Panamá. En años anteriores, antes del nefasto impuesto, muchos turistas del centro y sur de América venían a Panamá como turistas a jugar en los modernos casinos”, enfatiza Alfaro.

La industria se sacudió nuevamente cuando, en octubre de 2018, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó el proyecto de la Ley 621, que incrementa las pensiones de los jubilados y pensionados. Parte de los fondos provendrían del 5% de las ganancias netas anuales de tragamonedas y centros de apuestas en casinos y salas de juego del país. Sin embargo, en diciembre del mismo año el presidente Juan Carlos Varela vetó parcialmente el proyecto.

 “El Ejecutivo entendió nuestras explicaciones y lo vetó; ahora está nuevamente en manos de la Asamblea Nacional, que debe decidir si busca otras fuentes de financiamiento o si termina de una vez de destruir por completo a la industria”, opina el presidente de la Asaja.

Alfaro explica que los operadores han establecido más y mejores controles en las operaciones con el objetivo de contar con transacciones más transparentes. Como resultado, algunas instituciones bancarias ya están permitiendo la apertura de cuentas de los casinos, aunque las transferencias locales e internacionales, así como los pagos al exterior y las remesas al país son un problema que aún está en espera de resolverse.

“De no tomarse pronto una decisión y buscar otras soluciones como un impuesto sobre la ganancia mayor y la eliminación del 5.5%, no vemos mucho futuro, y menos si la Asamblea Nacional sigue viendo a la industria como una fuente inagotable de sustracción de impuestos”, afirma Alfaro.

DADOS EN EL AIRE

Los casinos en República Dominicana son un importante atractivo para la oferta turística del país.

A pesar de ello, la industria creció tan sólo 1% en 2018. El mercado actual está conformado por 73 licencias otorgadas por el Estado, de las cuales 18% están inoperativas, y de las operativas la mayoría se concentra en Punta Cana (45%), Santo Domingo (18%) y Puerto Plata (15%). La industria genera más 4,000 puestos fijos de traba-jo y alrededor de 20,000 puestos indirectos, de acuerdo con la Asociación Dominicana de Casinos de Juego (ADCJ).

A decir de David Moniz, presidente de la ADCJ, uno de los grandes problemas es la regulación oficial establecida en 1964 que hoy continúa vigente: “La ley se encuentra obsoleta, ha sobrevivido por las innumerables resoluciones y disposiciones legales. Desde hace dos años existe un proyecto de una ley que abarca todas las modalidades de juego y azar en la actualidad; sin embargo, hasta el momento no existe ni siquiera un borrador al público”.

Moniz menciona que con esta nueva ley se busca agrupar a toda la gama de azar que existe hoy en día, ya que opciones como las apuestas deportivas, loterías, o los casinos online, no se incluyen en la legislación, lo que ha obligado a emitir más de 30 decretos y resoluciones internas para mantenerla actualizada: “El ente regulador nos ha comentado que la nueva ley está en borrador desde finales de 2017, pero a la fecha, desconocemos su contenido”.

El presidente de la ADCJ atribuye el poco crecimiento en el sector a distintas causas como la burocracia para la actualización del producto en el país, a pesar de los costes de nacionalización, que desde 2018 se han incrementado nueve veces; así también, a la falta de un sistema bancario adecuado para recibir y efectuar transferencias desde y hacia el exterior, que hoy día es impensable por la restricción bancaria en el sector; y al juego ilegal, a pesar de los constantes decomisos en los locales y posterior destrucción de máquinas.

Desde 2018, la importación de máquina tragamonedas por la Ley de Presupuesto del Estado ha incrementado el costo de importación en 40% de su valor, lo que ha encarecido las actualizaciones del parque de máquinas en el país.

Donde sí ha habido avances es en la profesionalización de la industria, con la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos. La ADJC ha impulsado un programa de Juego Responsable y trabaja a la par con la Dirección de Casinos y Juegos de Azar para transparentar las estadísticas oficiales de la industria.

En esta línea, la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) lanzó una Certificación Internacional en Antilavado de Dinero, dirigida a los casinos y empresas de juegos de azar.

“Con la profesionalización del sector en los últimos años se han podido frenar un poco las trabas burocráticas para cualquier trámite o solicitud que se requiera realizar ante el órgano regulador y los problemas para la apertura de las cuentas bancarias; sin embargo, no podemos decir que han desaparecido del todo”, señala Moniz.

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¿NO VA MÁS?

En Costa Rica la industria evoluciona lentamente, y el exceso de regulaciones y las imposiciones fiscales frenan el crecimiento. Actualmente, el país cuenta con 34 casinos activos, la mayoría de ellos asentados en San José. Las instalaciones más grandes no pasan de 300 máquinas y 10 mesas de juego, en tanto que los pequeños negocios poseen 30 máquinas o menos, y alrededor de tres mesas.

El mercado está dominado por la empresa española Cirsa, con ocho casinos, seguida de Grupo Casino Platinum, con tres, de acuerdo con información de la Asociación de la Industria del Juego y el Entretenimiento (AIJE). Randall MacKolar, presidente de la organización, comenta que la mayoría de los clientes en Costa Rica son locales y que los negocios más exitosos son aquellos con un volumen de clientela alto con apuesta promedio baja, los cuales están ubicados en su mayoría en el centro de San José.

En contraste, dice que los ubicados en las afueras de la capital tienen un volumen mucho más bajo de clientela, pero un promedio de apuesta mucho más alto. La Ley 9050, que regula la actividad, indica los siguientes impuestos: 10% sobre los ingresos netos originados en la explotación de casinos, 60% de un salario base por cada mesa de juego, y 10% de un salario base por cada máquina tragamonedas.

La AIJE presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 9050 que fue recibida por la sala constitucional y está en espera de la resolución: “Esta ley es en algunos de sus extremos inconstitucional en materia fiscal”, afirma Mac-Kolar.

Y agrega que los altos y numerosos impuestos, cargas sociales, regulaciones y requisitos que pesan sobre la industria hacen estos negocios poco atractivos a la inversión extranjera, aunado a que las medias de producción por posición de juego son bajas en comparación con otros mercados.

Asimismo, los casinos se verán afectados con la reciente aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que sustituirá el impuesto general sobre las ventas por un impuesto al valor agregado (IVA), con el objetivo de gravar más servicios.

Para el presidente de la AIJE, la puesta en práctica del IVA va a encarecer las operaciones de los casinos y posiblemente reduzca sus ingresos, por lo que el futuro inmediato del negocio se ve poco productivo y es posible que algunas operaciones deban cerrar sus puertas y otras deban ver sus ingresos diezmados en espera de una reactivación económica del país.

Mac-Kolar, quien también es director general de Grupo Casino Platinum, considera que, como operadores, hacen esfuerzos importantes para ofrecer una propuesta integral de entretenimiento dirigida al mercado nacional y a la idea de producir volumen y tráfico de clientes. Además, invierten para contar con la mejor tecnología, a pesar de los altos precios, los impuestos de importación, las trabas de los bancos y la falta de crédito. “Grupo Casino Platinum deberá ajustar sus operaciones a las nuevas regulaciones y eso puede significar reducirlas”.

Ante este panorama, no se anticipa un crecimiento en la región y, para salir del estancamiento, la industria tendrá que hacer frente a los vacíos regulatorios, los impuestos excesivos, los altos costos operativos, la falta de financiamiento y el juego ilegal.

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