La Guardia Civil de España desarticuló una red de trata de mujeres formada por cuatro mujeres, dos hermanas y tres hombres nicaragüenses de una misma familia, los implicados, de entre 19 y 41 años de edad, contrataba personas desde Nicaragua para obligarlos a cuidar ancianos con enfermedades graves o algún impedimento en España.

La Guardia Civil identificó a un total de 50 mujeres que han sido víctimas de esclavitud desde 2016 de esta organización, con ellas, los tratantes habían obtenido beneficios económicos que ascienden a más de 750,000 euros.

La red recibía productos básicos de primera necesidad de diferentes organizaciones de ayuda humanitaria, sin embargo, la responsable del grupo se los vendía a mayor precio, llegando a cobrar por un comprimido de paracetamol entre 20 y 30 euros.

Un grupo de víctimas fueron interceptadas en el aeropuerto de Madrid, posteriormente fueron trasladadas a Logroño. La Guardia les informó sus derechos como víctimas de trata, les puso a su disposición recursos asistenciales para garantizarles alojamiento conveniente y seguro, ayuda material, asistencia psicológica, medica y asesoramiento jurídico.

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A los detenidos se les consideró presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

¿Cómo operaba la red?

De acuerdo con la Guardia Civil, los familiares directos del grupo criminal residentes en Nicaragua se encargaba de buscar a las víctimas en el país, principalmente mujeres jóvenes y sin estudios, con hijos a su cargo y en riesgo de exclusión social.

Los tratantes les prometían un trabajo digno y muy bien remunerado en España, si aceptaban, les compraban el boleto de avión y les entregaban 1,000 euros en efectivo para justificar la estancia inicial en España con una visa turista limitada a 90 días.

Ya en España, las víctimas se contactaban con un miembro de la misma red que las trasladaba a las viviendas de Logroño, Alfaro y Huesca. Posteriormente, les retiraba el pasaporte y el dinero entregado advirtiéndoles que habían contraído una deuda con la organización de 6,000 euros que tenía que ser pagada a corto plazo.

La jefa del grupo criminal utilizaba la identidad de las víctimas para poner anuncios en internet y redes sociales. Cuando cerraba el trato con las personas que solicitaban el servicio, enviaban a las víctimas para realizarlos, con previas amenazas. Les mencionaban las consecuencias que tendrían que vivir sus familiares en Nicaragua si llegaban a denunciar los hechos.

A final de mes, las víctimas entregaban a la organización el 85% del dinero como pago de la deuda contraída, quedándose el resto para poder subsistir en España.

Cuando descansaban o se quedaban sin trabajo, la organización las alojaba en sus viviendas y les cobraban por todos los servicios. En caso de no poder pagarlos les prestaban dinero a un 20 por ciento de intereses, lo que suponía que la “deuda” no se reduciera, sino todo lo contrario, se convertía en una cifra inalcanzable, quedando las víctimas más atadas a la organización.

Con información web del diario La Prensa de Nicaragua.