Los empresarios de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) rechazaron el reciente acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Para el presidente de la CACIA, Maurizio Musmanni, “lo actuado por jerarcas de gobierno no solamente es contrario a lo establecido en la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sino que representa una bofetada a todos los ciudadanos y empresas, que por dicha ley están pagando mucho más impuestos por concepto de IVA y renta, confiando en que también había un compromiso país, especialmente del Gobierno de la República, por eliminar privilegios y abusos salariales defendidos por los sindicatos”.

El compromiso legal, institucional y político ha sido violentado de una manera irregular y decepcionante por parte del gobierno, añadió el funcionario.

Las señales que envía el ejecutivo son nefastas frente al urgente ambiente de confianza y credibilidad en las políticas públicas, que actualmente requieren la economía para su reactivación, aseguró el presidente.

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Para el presidente de la CACIA, el gobierno aceleró el debilitamiento de la seguridad jurídica, básica para que una economía funcione, puesto que queda claro, que los intereses de cualquier grupo pequeño de ciudadanos, puede volverse supremo e insuperable, incluso por encima de la ley y la Constitución Política, con el uso de la fuerza y la violencia, propia de las tácticas del bloqueo, la paralización de servicios o el chantaje político mediante la amenaza a la salud y el bienestar de pacientes y enfermos que recurren a la Caja Costarricense de Seguro Social.

Lo más preocupante es que dicha actuación empodera a los grupos que utilizan la anarquía, como medio para evitar las reformas que el país urge y se promueve así un efecto dominó, para que funcionarios disconformes negocien excepciones a la regla fiscal mediante esta vía, aseguró.

La CACIA ha solicitado a la Contraloría General de la República, a la Procuradoría General de la República y a los diputados de la Asamblea Legislativa, su intervención inmediata para que la institucionalidad y el respeto a la ley, sea lo que impere en el país.

“Debemos exigir incluso que, todos aquellos funcionarios que han actuado ilegalmente y que los funcionarios que eroguen o reciban montos salariales indebidos, provenientes de acuerdos políticos de esta naturaleza, sean llevados frente a los tribunales correspondientes en el momento que dicho acto suceda”, concluyó Musmanni.