En pleno siglo XXI, cientos de mujeres y niñas centroamericanas caminan más de cinco horas diarias cada mañana para llevar agua a sus casas; siguen viviendo la contradicción que implica la escasez en medio de la abundancia.

En El Salvador, por ejemplo, el agua dulce se ha contaminado con aguas residuales; mientras que, en Nicaragua, los pesticidas utilizados en los campos de caña de azúcar contaminan las aguas cercanas a poblaciones que encuentran en la distribución del vital líquido el mayor problema.

Paradójicamente, Centroamérica es una de las regiones más privilegiadas en el mundo, con aproximadamente una disponibilidad media de 23 mil metros cúbicos de agua anual por habitante, pero a pesar de la cantidad de agua existente en la región, la población centroamericana vive en situación de escasez cada vez mayor.

En este contexto, el problema mayor radica en la incapacidad para establecer mecanismos sustentables de distribución y acceso al agua potable, con ineficientes programas de gestión y distribución de recursos hidráulicos.

A pesar de que existen diferencias sustanciales en lo que refiere a las políticas públicas para la utilización de los recursos naturales e hídricos; El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras tienen complejidades comunes. En estos cuatro países hay una deficiente inversión pública en el sector del agua y el saneamiento; falta de gobernabilidad en temas ambientales; contaminación y deterioro de los cuerpos de agua, debido a la inexistencia de leyes restrictivas y a la falta de infraestructuras para la depuración de aguas residuales.

El problema en Centroamérica es que ante una gestión ineficiente que no se propone como objetivo prioritario llevar el agua a la población, el aprovechamiento de los recursos se hace poco sostenible.

Numerosos esfuerzos, tanto regionales como internacionales se han hecho buscando mejorar las condiciones de la población centroamericana, sobre todo buscando garantizar la seguridad alimentaria y el derecho al acceso al agua potable.

Sin embargo, iniciativas como el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, que fue suscrito en Tegucigalpa, Honduras, el 29 de junio de 2012 y aprobado por el Parlamento Europeo el 11 de diciembre de 2012 no ofrecen garantías de protección para la extracción de recursos centroamericanos por parte de empresas extranjeras (europeas particularmente), lo que agrega un nuevo componente de incertidumbre y riesgo para el desarrollo sustentable de la región. Detonando así, una crisis potencial por los recursos.

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @ArleneRU

Linkedin: Arlene Ramírez-Uresti

Google+: Arlene Ramírez

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Centroamérica.