Por Mirna Gutiérrez

Si quieren seguir siendo competitivas, las empresas de Centroamérica y de República Dominicana (CARD) deberán sumarse con celeridad a las exigencias mundiales de desarrollo sustentable, y promover iniciativas de responsabilidad ambiental que luego transmitan a todas sus cadenas de valor.

El sector empresarial ya no puede ser ajeno a los lineamientos internacionales que marcan pauta en temas de responsabilidad social y sostenibilidad, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o el convenio entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), con el que adoptaron la “declaración construyendo puentes y fortaleciendo nuestra asociación para enfrentar desafíos globales”.

De acuerdo con el informe Mejores Negocios, un Mundo Mejor, elaborado por Business & Sustainable Development Commission (BSDC) en 2017, el argumento de la inversión privada a favor del desarrollo sustentable ya es sólido: genera nuevas oportunidades y grandes aumentos de eficiencia, promueve la innovación y mejora la reputación.

El informe indica que con una reputación de sustentabilidad, las compañías atraen y retienen empleados, consumidores, clientes e inversores, y garantizan su aptitud para operar. Por ello, más de 9,000 empresas de todo el mundo ya han firmado su conformidad con los 10 principios del Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); algunos hacen referencia al medio ambiente e indican que las empresas deben fomentar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental, al igual que mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente, y propiciar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el entorno.

En Centroamérica, el tema de proveedores sustentables es algo que se viene trabajando en la región desde hace ocho o 10 años, pero de manera lenta, dice Olga Sauma, directora ejecutiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) en Costa Rica.

Evidencia de ello es que en el Índice Global de Economía Verde, publicado por Dual Citizen, que lista 130 naciones, sólo figuran dos países de la región: Costa Rica, en el lugar 14, y Panamá, en el 58. República Dominicana ocupa la posición 94.

Al respecto, Sauma comenta que ya hay una mayor conciencia de incorporar lineamientos de sostenibilidad en toda la cadena de valor, entre los que destacan sectores como el agroalimenticio, la construcción, el energético, el automotriz y el turismo.

Para la especialista, cuando el Estado, como el mayor comprador, exige criterios de responsabilidad en términos medioambientales para las compras públicas, genera que las compañías eleven sus estándares para tener acceso a estos mercados.

“En Centroamérica, aparte de Costa Rica, que ya tiene una política y un decreto ejecutivo de compras públicas sostenibles, ningún otro país ha comenzado a girar directrices desde las compras públicas”, considera la directiva de la AED.

Andy Dick Espinoza, asesor económico del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), coincide al explicar que las legislaciones y políticas ambientales  en la región son incipientes, y que se requiere trabajar en este tema con mayor rapidez y con la participación de todos los actores sociales, para adecuarnos a los nuevos cambios y tendencias globales en la materia.

Manufactura local

Otro factor que impulsa una proveeduría sustentable en CARD son las multinacionales que demandan a sus proveedores criterios de responsabilidad social y sostenibilidad. “Muchas veces los impactos ambientales de las empresas no están relacionados con la operación directa de la compañía, sino que la mayoría están relacionados con sus productores”, explica Sauma.

Espinoza apunta que una mejora de la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos a lo largo de las cadenas de valor podría reducir los insumos materiales necesarios entre 17% y 24% para 2030, según datos de la UE.

Un ejemplo es Cervecería Nacional Dominicana (CND), que en su plan Sostenibilidad 100+ reúne una serie de metas que giran en torno a la agricultura, la protección al agua, el empaque circular y el cambio climático, con miras a 2025.

El eje de agricultura sostenible busca que 100% de los agricultores directos estén capacitados, conectados y con poder financiero para lograr mayor productividad y un mejor uso de los recursos naturales.

“Para nuestra compañía, los planes de crecimiento sólo pueden ser exitosos, si van acompañados de una estrategia de desarrollo sostenible”, afirma Luciano Carrillo, director general para la unidad de negocios de Centroamérica y el Caribe de AB InBev.

En Costa Rica, la AED trabaja con 143 compañías —de un parque de 98,000 que existen en el país— en la realización de hojas de rutas sectoriales para que sectores completos puedan disminuir sus impactos ambientales asociados a la cadena de valor, con énfasis en las oportunidades de negocio que esto representa a futuro.

En el caso de Panamá, en 2013 el SIP impulsó un nuevo modelo de sostenibilidad ambiental basado en la filosofía de economía circular (del aprovechamiento de recursos) y el sello “Panamá Verde”, como un reconocimiento a aquellas empresas que demuestren de forma continua la implementación de buenas prácticas.

Al hacer un balance general, si se quiere un avance sustancial en el tema de sustentabilidad, es necesario generar una nueva conciencia, de modo que los empresarios entiendan el sentido de urgencia que deben tener temas como el cambio climático o la generación de una industria limpia, entre otras iniciativas que señalan que hay que comenzar a modificar los patrones de producción y de consumo.