EFE.- El Gobierno de Guatemala solicitó este lunes al Congreso que apruebe un “Estado de sitio” en dos municipios del departamento de Sololá por un conflicto territorial que recientemente produjo un enfrentamiento armado entre pobladores que dejó al menos 2 muertos.

El propio presidente guatemalteco, Jimmy Morales, salió rodeado de todo su Gabinete de Ministros después de la reunión semanal para anunciar esta medida, que entregarán al Congreso para su aprobación y en la que piden también al Parlamento delimitar el territorio de los dos municipios para evitar más conflictos.

“Después de hacer todas las evaluaciones necesarias y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Gobernación, hemos decidido solicitar al Congreso un “Estado de sitio” en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán por las situaciones que se han dado y los riesgos que existen en este momento”, proclamó.

El mandatario, que reiteró al Congreso que establezca los límites definitivos entre ambos municipios, insistió en que el objetivo de esta medida es “que se pueda evitar una confrontación masiva entre las poblaciones”.

El pasado 17 de septiembre, el director de Auxiliaturas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Miguel Colop, detalló a Efe que un día antes fueron alertados por ciudadanos del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán (a 171 kilómetros de Ciudad de Guatemala) de la presencia de un grupo armado del municipio contiguo, en Nahualá.

Según la información que le fue proporcionada a Colop, este grupo armado llegó a intimidar al municipio vecino y provocó el enfrentamiento armado entre los dos lugares, que históricamente han sostenido una disputa territorial que se mantiene en la actualidad.

El historiador Diego Vásquez Monterroso comentó en sus redes sociales que el enfrentamiento “no es novedoso”, debido a que los municipios se separaron en el siglo XIX, cuando uno de los habitantes de Santa Catarina Ixtahuacán que pastoreaba en las cercanías decidió “separarse de su lugar de origen y construir su iglesia”.

Pero pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán alegan que “el terreno quebrado de la bocacosta impide establecer mojones definitivos” y que algunos de estos “cruzan poblados de un lado a otro, complicándolo todo”.

El artículo 16 de la Ley de Orden Público señala que el Ejecutivo puede decretar el estado de sitio por actividades “terroristas, sediciosas o de rebelión” que pretendan cambiar por medios violentos las instituciones públicas o cuando hechos graves “pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado”.

También cuando se registran o se tengan “indicios fundados” de que se van a producir “actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva”.

Durante el estado de sitio, todas las autoridades y entidades estatales están obligadas a prestar a la autoridad militar “el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia”.

Esta situación le permite a la autoridad militar, según el artículo 19 de la misma norma, “intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento” cualquier grupo, ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio la detención o confinamiento de cualquier persona, y repeler o reprimir por los medios “preventivos, defensivos u ofensivos que fueren adecuados” cualquier acción.

Además, restringe derechos del ciudadano como la libertad de acción, la libertad de locomoción y manifestación, el derecho a la reunión o la portación de armas, entre otros.

El Gobierno ya declaró el Estado de Sitio en más de una veintena de municipios del noreste del país para combatir la proliferación del narcotráfico después de que una brigada de la marina fuera embestida por un supuesto grupo de narcotraficantes, dejando tres militares heridos, cinco heridos y uno ileso.

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