Francisco Cruz*

En la última década Centroamérica logró una apertura comercial y crecimiento sin precedentes en su historia. Como consecuencia de este comportamiento regular, llegó la inversión extranjera directa que ha aprovechado economías emergentes y bajas barreras impositivas para establecer sedes de multinacionales y tomar ventaja de la externalidad bioceánica que ofrecen gran parte de sus países, transformando a la subregión en una espléndida plataforma hacia el mercado global.

A ello se suma la vocación logística centroamericana que tiene un potencial económico multiplicador permitiendo interactuar con destinos y rutas en mercados internacionales, reduciendo costos de transacción en el comercio exterior.

Centroamérica se presenta así como un corredor logístico en permanente evolución para potenciar el libre comercio a partir de una integración eficiente y multimodal desde Panamá a Guatemala, siendo una verdadera “correa transmisora” entre mercados de mayor envergadura y continentes.

Pero demos un paso al frente y vamos con los desafíos pendientes, que no son pocos, a partir de esa espléndida línea de base.

Lo primero es diversificar la matriz de crecimiento, complejizando la estructura de la economía.

Un rasgo compartido en países de Centroamérica son las balanzas comerciales deficitarias. Y aquí no se trata de transformarse en grandes exportadores o productores de la noche a la mañana. 

Vamos con un ejemplo concreto: Centroamérica tiene la oportunidad de aprovechar todo su activo logístico, portuario y proximidad geográfica “tocando la carga” que transita por sus países y añadiendo valor a los flujos en transbordo.

¿Cómo hacerlo? Consolidando y sumando procesos a la cadena de valor global de manera de no descansar en la tarifa, el arancel o el volumen de lo que llega a sus costas, puertos y terminales.

Generar ese mayor grado de injerencia en mercaderías en tránsito otorga además un rol estratégico que permitiría enfrentar las vicisitudes del mercado y tensiones comerciales de jugadores grandes, tan temidas hoy en día, transformando a Centroamérica en una “zona ancla” de stock de bienes y reservas para el mercado internacional.

Una segunda línea específica de acción es incrementar y estabilizar la inversión en infraestructura pública de manera estructural en torno al 5% del PIB. No podemos alcanzar el desarrollo sostenido sin políticas de inversión en infraestructura de largo plazo que vayan más allá del ciclo político de turno y que incluso superen la demanda presente de las obras proyectadas.

Gran parte de la experiencia extranjera indica que la elasticidad de la producción del PIB, respecto a inversión en infraestructura, fluctúa entre el 0.11 %  y 0.23 %, lo que evidencia su impacto. Dicha experiencia también comprueba que la competitividad en la esfera global de un país está directamente relacionada a la calidad de la infraestructura disponible.

Pero esta inversión requiere un verdadero Pacto de Estado y crear una estrategia virtuosa en donde Gobierno, Concesiones y Sector Privado contribuyan a su desarrollo en el tiempo.

Nota al pie merece aquí la llegada a  países como Panamá de una nueva ley en Asociaciones Público Privadas ( APPs).

Las APPs han representado en el precedente comparado, uno de los cambios de paradigma más exitosos a la hora de definir políticas públicas, trayendo consigo un nuevo aire de oportunidades, incentivos y desafíos para la inversión.

Bien diseñadas, las APPs han resuelto déficits fundamentales en la provisión pública de infraestructura como autopistas, aeropuertos, puertos e incluso cárceles y hospitales. Pero no solo han sido catalizadores de financiamiento alternativo, también han contribuido a ganancias en eficiencia alentando el manteniendo oportuno de las obras ( estándares y niveles de servicio) y la reducción de costos en el ciclo de vida de las mismas.

Cómo adicionalidad, éstas ganancias han liberado compromiso fiscal y diluido sus costos financieros en el tiempo, permitiendo disciplinar presupuestos en el Estado, priorizar tareas de urgencia social ( sin dejar de invertir en infraestructura ), mejorar el due diligence en la selección de proyectos  públicos y aumentar en el tiempo el inventario fiscal de activos para el país, con mayor celeridad y magnitud.

Por último algo que tiende a guardarse en la gaveta del olvido de las políticas: trabajar en certeza jurídica. Suele olvidarse porque a ratos se cree que la justicia es un bien público rebuscado, de baja rentabilidad y que suele ser más preocupación de burócratas y abogados.

Ningún país verdaderamente desarrollado ha logrado madurez institucional y niveles de inversión extranjera sostenidos en el tiempo, sin un sistema legal confiable y con una oferta de amplio espectro.

Esto implica considerar marcos jurídicos previsibles, reguladores independientes, poderes judiciales sólidos y sistemas ágiles y legitimados de resolución alternativa de conflictos, que anticipen nudos contractuales y se adapten con flexibilidad a las dinámicas de la industria, cambios tecnológicos y necesidades de los usuarios.

Centroamérica está hoy en una situación auspiciosa y sin precedentes en su historia reciente. Ubicación estratégica, potencial logístico, cargas tributarias moderadas, industrias emergentes y la conciencia de que el resto de la Región latinoamericana, y porque no decir el mundo, ponen sobre ella una nueva mirada.

Profundizar en la competitividad del entorno para seguir seduciendo al inversionista extranjero, invertir en regulaciones acotadas pero certeras y trabajar en “Acuerdos País” para generar políticas públicas matrices que no reinventen el Estado en cada periodo presidencial, puede ser el próximo paso para seguir avanzando en la dirección correcta.

El proximo Foro Forbes de Negocios será un espacio oportuno y concurrido para debatir sobre los fundamentos de aquello.

*El autor es abogado e investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Exembajador.