EFE.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador admitió una demanda de inconstitucionalidad contra un decreto ejecutivo que “cesa” las plazas de unas secretarías derogadas por la Presidencia de la República, informó este martes el órgano de Estado.

Bukele, de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), tomó posesión el pasado 1 de junio y una de sus primeras acciones, junto al Consejo de Ministros, fue eliminar algunas secretarías.

Por el momento, se desconoce el número exacto de personas despedidas, entre las que se incluyen miembros de la comunidad LGTBI, según las organizaciones sociales que los apoyan.

El órgano Judicial explicó en un comunicado que los demandantes, de quienes no se brindó más información, expusieron que “el decreto impugnado es el resultado del exceso de la potestad normativa del Consejo de Ministros, ya que, por su naturaleza, la supresión de plazas es una actividad normativa que le corresponde a la Asamblea Legislativa por medio de la modificación de la Ley de Salarios”.

Por lo anterior, la Sala de lo Constitucional consideró que “la demanda cumple con los requisitos para ser admitida a trámite, por lo que concede un plazo de diez días hábiles al Consejo de Ministros y al fiscal general (Raúl Melara) para que se pronuncien sobre la inconstitucionalidad alegada”.

Indicó que la demanda de inconstitucionalidad fue firmada por unanimidad por los magistrados Óscar Pineda, Aldo Cader, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina de Jesús Marenco.

El pasado 6 de septiembre, la CSJ admitió 13 amparos contra Bukele y su Consejo de Ministros por supuestamente despedir sin justificación a empleados del Gobierno.

El órgano judicial explicó que los jueces constitucionales ordenaron la reinstalación de los demandantes, cuyo número no se dio a conocer, como medida cautelar mientras se procesan las demandas.

Señaló que los empleados despedidos argumentaron que Bukele y sus ministros “finalizaron su relación laboral de manera arbitraria mediante la notificación de cesación de plaza”.

“Dicho acto presuntamente habría vulnerado los derechos a la estabilidad laboral, audiencia y defensa de los demandantes”, apuntó el documento.

Las secretarías que fueron eliminadas son la de Inclusión Social; Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción; Técnica y de Planificación; la de Gobernabilidad y la de Vulnerabilidad.

La eliminación de las Secretaría de Inclusión Social y la Técnica y de Planificación generó preocupación entre las organizaciones defensoras de derechos humanos, dado que de ellas dependían algunos programas de reparación de las víctimas de la guerra civil (1980-1992).

Uno de los casos vinculados es el de los sobrevivientes de la masacre de El Mozote (1981), quienes son beneficiarios de medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en una sentencia de 2012.