Daniel Álvarez, presidente de la Comisión Eléctrica del Río Lempa (CEL), presentó a la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso por supuestos actos de corrupción cometidos durante la fase dos del proyecto de la presa El Chaparral.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia explicó que estas irregularidades habrían sido cometidas durante la pasada administración de esta institución, presidida por David Antonio López entre 2014 y 2019.

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“Ahorita vine a interponer aviso. Ya hay, como bien es conocido como ustedes, en la fase uno hay una investigación abierta. Simple y sencillamente es darle seguimiento a la fase dos, de la cual la Fiscalía ya tiene abierto un proceso por lavado de dinero, pero cuando hay lavado de dinero, eso lleva a actos anteriores a estos, que son cohecho, actos abitrarios, peculado. Entonces, esto es lo que nosotros venimos a darle aviso a la Fiscalía”, expuso Álvarez. 

Además, señaló que dentro de la institución se está realizando un proceso de auditoría para determinar cómo fungió la administración pasada, durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén.

El presidente del CEL indicó que “se tomarán decisiones sobre El Chaparral cuando se termine la auditoría, el proyecto ya debería de estar generando energía pero el dinero terminó en manos del que hoy es nicaragüense (Mauricio Funes); además queremos que se investigue lo que se realizó entre 2014 y 2019”.

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La Fiscalía ya tiene un proceso abierto contra el expresidente Mauricio Funes por el manejo irregular de más de 100 millones de dólares (mdd) en la construcción de esta presa.

El Gobierno de Funes, de acuerdo con la Fiscalía, pactó con la empresa ASTALDI el pago directo de 108.5 mdd, que incluía la cancelación de “la obra ejecutada hasta el momento, más una suma adicional de 45,244,418 mdd, sin existir base legal ni técnica” para el monto extra.

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Además de Funes, son procesados la cónyuge del exmandatario, Mitchell Guzmán; el expresidente de CEL, José Leopoldo Samour; y los representantes de ASTALDI, José Enfraín Quinteros y Mario Pieragostini.

La acusación de la Fiscalía señala que Funes recibió 3.5 mdd en “dádivas” de la referida empresa que supuestamente fueron movidos mediante empresas “fachadas” en El Salvador, Panamá, Suiza, Islas Marshall y Curazao.