EFE.- La sorpresiva renuncia de la ministra de Hacienda de Costa Rica, Rocío Aguilar, la funcionaria que junto al presidente Carlos Alvarado, ha cargado con más costo político y popular con el impulso a una reforma tributaria, ha generado incertidumbre en los círculos económicos acerca de la continuidad de esas políticas.

Tras 17 meses en el cargo, menos de la mitad de los cuatro años del periodo presidencial 2019-2022, Aguilar presentó el miércoles su renuncia horas después de conocer que la Contraloría General de la República recomendó al presidente suspenderla del cargo por un mes.

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La suspensión se debe a que en el segundo semestre de 2018, en los primeros meses de este administración, el Ministerio de Hacienda detectó una mal elaboración del presupuesto hecho por el Gobierno anterior y se vio obligado a pagar deuda con dinero que no tenía el aval presupuestario del Congreso para ello.

Aguilar dijo que se marcha del Gobierno para no poner al presidente Alvarado en una “encrucijada” en la que tuviera que decidir si suspenderla o no, pues considera que cualquier decisión que hubiese tomado el mandatario hubiese generado demasiadas críticas y costo político.

-UNA SALIDA QUE GENERA INCERTIDUMBRE

La incertidumbre en círculos económicos y políticos ha salido a relucir tras la salida de la funcionaria, especialmente sobre la continuidad de las rígidas políticas de fiscales y de contención del gasto aplicadas bajo la dirección de Aguilar.

El director general de Grupo Financiero Acobo, Orlando Soto, expresó que la salida de Aguilar “viene a levantar dudas en relación con el compromiso del Gobierno con respecto al tema fiscal”.

“Quién venga a sustituir a la exministra y cuál será la línea que mantendrá el Gobierno en materia de finanzas públicas, en particular en lo relacionado con los gastos, son otras de las interrogantes que surgen”, manifestó.

Aguilar ha sido la ministra mejor calificada por los círculos empresariales del país, que han aplaudido su firmeza a la hora de impulsar la reforma tributaria que fue aprobada por el Congreso en diciembre pasado, y políticas de recorte al gasto público

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“Creemos que el gobierno ha tenido un norte claro en el tema del orden fiscal. Le pedimos al presidente, Carlos Alvarado, de la manera más respetuosa, pero vehemente, que nombre a alguien que le dé continuidad al trabajo de doña Rocío y que garantice el buen rumbo del país en el tema macroeconómico”, manifestó el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), Gonzalo Delgado.

La incertidumbre se hace más manifiesta en la Cámara de Comercio que expresó su “preocupación” por la renuncia de Aguilar, pues considera que “aumenta el clima de desconfianza que actualmente enfrenta el país con altos índices de desempleo, aumentos en las tasas de interés y el tipo de cambio”.

-UNA VICTORIA PARA LOS SINDICATOS

Los sindicatos han protagonizado numerosas protestas y huelgas desde que comenzó el Gobierno de Carlos Alvarado en mayo de 2018, con el objetivo de mostrar su rechazo a las políticas económicas del Gobierno y exigir la renuncia de Aguilar, a quien calificaban como una “enemiga de la clase trabajadora”.

“¡Rocío Aguilar fuera! ¡Que se largue la ministra de Hacienda!”, vociferaba el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, el miércoles en las afueras de la Casa Presidencial durante una protesta.

Vargas, el principal líder sindical del país, aseguró que “muchísimas micro y pequeñas empresas están en la quiebra, hay más precariedad salarial, más deuda, más pago de intereses, más déficit, más fraude tributario; agricultores en la ruina: Eso deja Rocío Aguilar con el apoyo de Alvarado”.

Aparte de los recortes al gasto y la aprobación de la reforma fiscal, los sindicatos critican duramente la gestión de Aguilar debido a una amnistía tributaria que implementó a grandes deudores, a los que se les perdonó el pago de intereses moratorios a cambio de que pagaran sus deudas.

-LA POLÉMICA REFORMA FISCAL

La exministra y el presidente Alvarado han pagado un costo político y popular con la reforma fiscal, cuyo principal punto es la transformación del impuesto de ventas del 13% (que solo gravaba bienes) a uno al valor agregado (IVA), de la misma tasa pero que grava todos los servicios.

La reforma, que e ha venido implementando paulatinamente en 2019, también incluye modificaciones al impuesto sobre la renta, una regla fiscal para limitar el crecimiento de los presupuestos de las instituciones públicas, así como reducciones de pluses salariales y otros beneficios del sector público.

Costa Rica viene acumulando déficit fiscal (6 % del PIB en 2018) desde la crisis económica internacional de 2008 y el presidente Alvarado anunció desde su campaña el impulso a la reforma tributaria con el objetivo de paliar la situación, que también conlleva un constante incremento de la deuda que para 2018, indicador que alcanzó el 53 % del PIB.

Según el Banco Central, la reforma generaría ingresos nuevos por 1.2 % del producto interno bruto (PIB), y si se le suman las medidas de recortes y contención del gasto que incluye, el impacto sería cercano al 3.7 % del PIB en el 2022.