EFE.- El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, José Apolonio Tobar, pidió a las autoridades de Seguridad del país centroamericano que “eleven” las acciones para proteger a los miembros de la comunidad Lesbianas, Gais, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI).

Lo anterior, se da luego del asesinato la madrugada del pasado domingo de un miembro de la comunidad LGTBI, quien, según la información preliminar de las autoridades, presentaba “varias lesiones en el cráneo”.

Tobar solicitó al fiscal general, Raúl Melara, y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, que “garanticen que la investigación de dicho homicidio y la calificación de sus circunstancias sea realizada por la debida diligencia y sensibilidad requerida”.

“Pido que se garantice el derecho al acceso a la justicia, para la víctima, sus familiares y para la población LGTBI de El Salvador, de manera pronta, eficaz y oportuna a fin de llevar a los autores y participantes del hecho a los tribunales correspondientes”, expresó.

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El procurador también pidió a las autoridades del Gabinete de Seguridad del país centroamericano que se “eleven” las acciones de seguridad necesarias para “prevenir la ocurrencia de hechos como el citado” y que se “refuercen” las medidas de seguridad para la comunidad LGTBI.

De acuerdo con datos de las organizaciones sociales, más de 600 asesinatos contra personas LGTBI permanecen en la impunidad desde la década de 1990 por la “complicidad” del Estado salvadoreño.

Según un informe de la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe, dado a conocer recientemente, el país centroamericano tiene la tercera tasa más alta de homicidios contra este colectivo.

El documento, denominado “El prejuicio no conoce fronteras”, señala que la tasa de homicidios de LGTBI por cada 100.000 habitantes de El Salvador fue de 0,165 en 2018, solo por atrás de Honduras y Colombia.

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El estudio señala que las muertes en El Salvador y Honduras están ligadas a la “fuerte situación de violencia generalizada que sacude la región de Centroamérica” y por la “debilidad de los marcos jurídicos”.

También destaca que el Ejecutivo de Nayib Bukele, que asumió el poder el 1 de junio pasado, eliminó una secretaría encargada de aplicar un decreto ejecutivo del año 2010 sobre políticas a favor de la comunidad LGTBI.

Unas 1.300 personas de la comunidad LGTBI fueron asesinadas en Latinoamérica entre enero de 2014 y junio de 2019, cifra que podría superar los 2.900 al incorporar los datos de Brasil en un informe posterior.

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Estos asesinatos se han dado en un “escenario de retroceso” ante “una oleada conservadora que persigue un modelo de sociedad desigual, excluyente y reaccionario” en la región.

De acuerdo con Lucia Baca, del área de derechos humanos de la organización Colombia Diversa, “la situación es muy alarmante en América Latina y podría ser una de las regiones más mortíferas para las personas LGTBI”.