EFE.- Con la aprobación de la Ley de Aceptación de Cargos, el Congreso de Guatemala decidió tensar la justicia al legislar para que delincuentes, corruptos, ladrones y hasta pandilleros reduzcan sus penas si estos deciden aceptar su culpabilidad y resarcir el daño.

Tomada de una propuesta inicial que impulsaron la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -cuyo mandato en el país expiró en septiembre-, la iniciativa que reformó artículos del Código Procesal Penal ha vuelto a fortalecer a la impunidad, a decir de expertos, activistas y analistas que han rechazado lo actuado por el Legislativo.

Un total de 81 diputados, entre quienes destacan el presidente y el vicepresidente del Parlamento, Álvaro Arzú Escobar y Felipe Alejos Lorenzana, respectivamente, aprobaron la modificación que reduce hasta la mitad de la pena a quienes acepten los cargos imputados.

La norma excluyó delitos como genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y delitos contra los deberes de lesa humanidad, además de homicidio, parricidio, asesinato, violación, agresión sexual, pornografía, prostitución, narcotráfico, aborto, plagio o secuestro, extorsión, terrorismo, femicidio o trata de personas.

Pero la asociación ilícita, el fraude o el lavado de dinero -la corrupción no está tipificada en el Código Penal- podrían recibir los beneficios recetados por el Congreso, tal como ya lo intentó en septiembre de 2017 cuando, luego de haber evitado el desafuero al presidente, Jimmy Morales, conmutaron penas a delitos como prostitución, pornografía infantil, hurto o fraude.

El Parlamento tenía una cuenta pendiente que este martes ha decidido pagar.

Hace dos años, cuando cerró filas entorno a Morales y reformó el Código Penal de un plumazo, pero la población reaccionó de manera contundente y, con protestas masivas y una encerrona a los diputados durante 9 horas en el hemiciclo, consiguió que los legisladores dieran marcha atrás a un proyecto que posteriormente fue llamado “pacto de corruptos”.

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Ahora, con la nueva Ley de Aceptación de Cargos, que entrará en vigor un mes después de su publicación en el diario oficial, la reacción ha sido moderada, con unos cuantos ciudadanos manifestando frente al Palacio Legislativo y una lluvia de mensajes en las redes sociales.

El cambio al Código Procesal Penal “es una burla”, expresó a la Agencia Efe la directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, Carmen Rosa de León Escribano, pues, a su criterio, los 81 diputados que la avalaron “establecieron una ruta la impunidad”.

Con la medida, estos congresistas que “desvirtúan” la justicia “pusieron en evidencia los delitos que les preocupan y benefician a su gente”, en su mayoría recluida en la prisión de Mariscal Zavala.

De León Escribano lamentó que la aceptación de cargos “se utilice para prácticamente disculparse (por lo cometido) y salir libre” y reflexionó que si el excandidato presidencial Manuel Baldizón, condenado a 4 años de prisión en EE.UU. por haber recibido dinero del narcotráfico estuviera en Guatemala, “saldría de prisión exculpándose y pagando (la multa) con el dinero que robó”.

Los congresistas que nutren el llamado “pacto de corruptos” no tienen “ninguna vergüenza para manipular la ley en beneficio propio y dar carta libre a la comisión de delitos, pues ahora ya se sabe que no serán juzgados ni tendrán cárcel” o “dictarle al juez lo que tiene que sentenciar”, dijo a Efe.

A diferencia de 2017, cuando miles de personas rodearon el Palacio Legislativo e impidieron que se abrieran las puertas y conductos para negar la salida de los Congresistas “hasta que renuncien”, este martes apenas una veintena de manifestantes protestó en contra de la aceptación de cargos.

Para Carmen Rosa de León la ausencia de “la plaza” es un indicador de que la gente “parece estar tan agobiada de ver los niveles del descaro o no entiende la magnitud de lo que está ocurriendo”.

“Los niveles de incredulidad son muy altos y habrá que esperar a que el nuevo Congreso lo enmiende, si es que lo hace”, concluyó.

Por su parte, el ombudsman, Jordán Rodas, manifestó a la prensa que “no hubo criterios claros para hacer las reformas”, las cuales se alejaron de “la propuesta original de la CICIG”, y lamentó que la que se aprobó “pareciera ser una reforma mandada a ser a beneficio de unos cuantos”.

Además, el extitular de Hacienda Juan Francisco Solórzano Foppa, consideró en su cuenta de Twitter que la reforma permitirá “que los pandilleros se declaren culpables de pertenecer a una pandilla (asociación ilícita) y de cobrar extorsiones (exacciones intimidatorios) y pagando una multa van a salir de la cárcel”.

Apenas unos diputados de la próxima legislatura, que tomará posesión en enero próximo, se manifestó en contra de sus antecesores.

Algunos diputados de Semilla acudieron la noche del martes a las afueras del Congreso a manifestar su rechazo a las reformas al Código Procesal Penal que realizó el Congreso. Posteriormente, el partido publicó un comunicado de prensa en el que calificó la modificación como una “aberración jurídica”.

El cambio a la ley “consolida la impunidad y socava al Estado de Derecho al legislar en favor de los responsables de delitos de corrupción”, agregó el partido que se estrenará en enero en el hemiciclo.

Un Organismo Legislativo que cambiará de colores y correlación de fuerzas, pero que heredará una robusta nube de impunidad que, hasta ahora, ha sido imposible disipar.