El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) alertó sobre reducciones en inversión social en el presupuesto 2020 de Costa Rica e instó a las autoridades a atacar con fuerza la evasión y a buscar un “acuerdo fiscal integral”.

“El Icefi recomienda a la Asamblea Legislativa que el debate del presupuesto público se realice desde un enfoque de derechos humanos, que ponga en el centro la universalidad de la provisión de bienes y servicios públicos, lo que permitiría proteger las asignaciones presupuestarias en áreas claves para el bienestar y la paz social como salud y educación”, indica un informe del instituto.

RECORTES A EDUCACIÓN Y SALUD

El instituto señaló que el presupuesto presentado por el Gobierno costarricense “se caracteriza por la aplicación de recortes en el gasto público, que afectan el gasto social y la inversión pública” y subrayó que la asignación del Ministerio de Educación Pública pasó del 7.3 % del PIB en 2019 a 6.9 % del PIB para 2020.

En el caso del sector salud, la cartera a cargo también presenta una reducción pues pasa del 0.93 % del PIB en 2019 a 0.89 % del PIB para 2020, añadió el Icefi..

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El presupuesto del Gobierno, que está siendo discutido por el Congreso y que debe ser votado este mes, es un 4.3 % inferior al del 2019, lo que las autoridades costarricenses han calificado como “una reducción histórica”.

El presupuesto es de 10.5 billones de colones (unos 18,421 millones de dólares), de los cuales el 52 % se financiará con ingresos propios y un 48 % con deuda, según los datos del Ministerio de Hacienda.

El 38,2 % del dinero de 2020 se utilizará para pagar deuda, el 32,8 % para transferencias corrientes, el 25,4 % para remuneraciones y el resto en otros gastos.

El gasto corriente aumentará el 3,9 %, que es el crecimiento más bajo en la última década.

UN ACUERDO FISCAL INTEGRAL

Costa Rica enfrenta desde hace años un elevado déficit fiscal (6 % del PIB en 2018) y una creciente deuda (53,7 % del PIB en 2018), ante lo que en diciembre pasado el Congreso aprobó una reforma fiscal impulsada por el Gobierno, la cual se ha ido implementando paulatinamente a lo largo de 2019.

La reforma tributaria creo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13 % que sustituye al de ventas de la misma tasa pero que grava todos los servicios -antes exentos-.

El plan tributario también incluye reducciones de pluses salariales en el sector público y una regla fiscal que pone tope al crecimiento del gasto corriente en el Gobierno e instituciones públicas.

En su informe, el Icefi califica como “alarmante” que la recaudación fiscal proyectada por el Gobierno para 2020 sea del 13.2 % del PIB, similar a la del 2018, y recomendó al Ministerio de Hacienda “definir estrategias y metas claras para la reducción de la evasión y elusión de impuestos existente; y, el aumento de la productividad tributaria”

“El Icefi advierte que la construcción de un acuerdo fiscal integral, con la participación de todos los sectores de la sociedad, continúa siendo una necesidad política y una oportunidad para resolver los problemas estructurales de las finanzas públicas. Retrasar esta discusión pone en peligro la capacidad del Estado costarricense para proveer bienes y servicios públicos de calidad”, concluyó el instituto.