Por Nuria Marín

En momentos en que en el mundo se debate si la democracia está en crisis y algunos argumentan que estamos ante una “recesión democrática”, en septiembre pasado sucedieron dos hitos históricos en Estados Unidos y en Reino Unido que demuestran lo contrario.

En Reino Unido, la Corte Suprema declaró ilegal la prórroga del Parlamento (declarar receso) solicitada a la Reina Isabel II por el primer ministro, y en Estados Unidos, la Cámara de Representantes inició investigaciones para averiguar si hay bases para encausar (impeachment) al presidente Donald Trump.

La solicitud del primer ministro Boris Johnson de prorrogar (suspender) las sesiones del parlamento del 10 de septiembre al 14 de octubre, para evitar el control parlamentario y obtener un Brexit sin negociación con la Unión Europea (UE) fue declarada ilegal de manera unánime por la Corte Suprema británica.

La Corte, en una resolución considerada como una de las más importantes de la última década para el derecho constitucional británico, reafirmó que el ejercicio de un derecho debe ser justificado y no puede ser abusivo, ni menoscabar el ejercicio de otros supremos poderes, esto como un principio básico de la democracia. La Corte declaró ilegal la petición del primer ministro al considerar que no tenía una justificación y violentaba la soberanía del parlamento y principios constitucionales.

Al otro lado del Atlántico, la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció el inicio de una investigación sobre actuaciones del presidente Trump, las cuales calificó como “traición a su juramento, a la seguridad nacional y a la integridad de las elecciones de Estados Unidos”.

Las investigaciones se originan a partir de un documento enviado por un denunciante anónimo que trabajaba en la Casa Blanca y quien remitió sus preocupaciones a su jefe inmediato, Michael Atkinson, y éste las elevó al director nacional de Inteligencia, Joseph Maguire.

En una transcripción no literal que hizo pública la administración de una conversación telefónica realizada el pasado 25 de julio con el recién electo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se cuestiona el actuar de Trump por haber solicitado como “un favor” que investigara actuaciones de Joe Biden cuando ejerció la vicepresidencia al lado de Barack Obama, así como del hijo de éste, Hunter Biden, quien fungió como director de Burisma, empresa ucraniana de gas de 2014 a 2019. Esto porque Biden puede ser su contrincante en las elecciones presidenciales.

Se investiga si la retención de la ayuda por casi 400 millones de dólares ordenada por Trump fue una medida de presión, calificada por algunos de extorsión. El presidente justificó que fue para presionar a otras naciones europeas a contribuir con Ucrania y rechazó las acusaciones.

Se denuncia que personeros de la Casa Blanca restringieron el acceso al registro de la conversación, pues lo trasladaron a un servidor con mayor nivel de seguridad; se cuestiona por qué Rudy Giuliani, abogado privado del presidente, tuvo encuentros con emisarios ucranianos de alto nivel en Madrid poco después de la llamada; y preocupa que el presidente indicara que sus dos contactos serían Giuliani y el procurador de Justicia, William Barr, quien niega contacto con el gobierno de Ucrania.

Más allá del resultado del proceso, cuyo mayor obstáculo es la minoría en el Senado de los demócratas, lo positivo es el ejercicio del control político del Legislativo y su capacidad para investigar a la Presidencia en el mejor espíritu de Montesquieu, de frenos y contrapesos, y que nadie puede estar por encima de la ley, y que el ejercicio del poder demanda probidad.