AFP.- Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que revisó la economía de Nicaragua proyectó una “abrupta” caída del PIB de 5.7% en 2019 a consecuencia de la crisis política que jaquea a ese país.

“En 2019, se proyecta que la economía se contraiga en 5.7%”, dice el informe preliminar de una misión técnica del FMI que visitó Managua 29 de octubre y el 12 de noviembre.

El FMI considera que en 2020 la contracción será menor, de 1.2%, y que en 2021 el país podría empezar a recuperarse.

El gobierno pronosticó para este año una caída del PIB de 3.5%

El informe atribuyó el derrumbe económico “al deterioro de la confianza y a las sanciones internacionales, las cuales agravaron las restricciones de financiamiento y redujeron la inversión, el empleo, y los indicadores sociales”.

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Subrayó que el principal desafío para 2020 es “preservar la estabilidad macroeconómica y financiera”.

El excanciller nicaragüense y analista Francisco Aguirre, quien se reunió con el equipo de FMI, dijo que el organismo “vislumbra una estabilización de la economía nicaragüense” a mediano plazo si la situación política no se agrava.

La inflación prevista es superior a 6.4%, casi el doble de la 2018, producto de una reforma tributaria adoptada en febrero, según el informe técnico del FMI.

Nicaragua, uno de los menos desarrollados de América Latina, mantuvo “un buen ritmo de crecimiento” de 4.6% y 4.7/% en 2016 y 2017, y redujo la pobreza de 29.6% a 24.9% entre 2014 y 2016, según el Banco Mundial.

Sin embargo, los disturbios políticos desatados el año pasado contrajeron la economía en 3.8% y se prevé que la pobreza aumente en más de 3% al cierre del 2019.

El gobierno de Daniel Ortega enfrentó el año pasado masivas protestas, cuya represión dejó 328 muertos y 88,000 exiliados, según la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH).

Según el FMI, en 2018 la crisis causó “un brusco debilitamiento de la confianza de los consumidores e inversionistas”, que afectaron principalmente el turismo, la construcción y el comercio minorista.

A eso se suman las restricciones que Nicaragua encara a raíz de la aprobación en 2018 en Estados Unidos de una ley que restringe el acceso de nuevos préstamos de algunos organismos multilaterales.