Reuters.– La ola de protestas que sacude a Colombia amenaza con retrasar e, incluso, hundir una reforma tributaria que debe aprobar el Congreso antes de finalizar el año para evitar un golpe a las finanzas de la cuarta economía de América Latina y a su confianza inversora.

Las marchas, que comenzaron la semana pasada inspiradas en las de otros países de la región, rechazan las políticas sociales y económicas del presidente Iván Duque, que según los manifestantes prepara un recorte al salario mínimo para los jóvenes y un aumento a la edad de jubilación, planes que el mandatario ha negado.

La agitación social llevó a Duque a incluir dentro del proyecto tributario la devolución del impuesto sobre las ventas o IVA a las familias más pobres, la reducción del aporte a la salud que hacen los pensionados con un salario mínimo, así como incentivos a empresas que generen empleo para los jóvenes, medidas que costarán cerca de 930 millones de dólares.

Pero los anuncios parecen no satisfacer a los sindicatos, que se oponen a medidas como la reducción de los impuestos a las compañías, mientras que algunos legisladores piden suspender la reforma, lo que sería un golpe a los empresarios y a los gremios que han respaldado a Duque.

Estos cambios “no serán suficientes”, dijo el analista Sergio Guzmán, de Colombia Risk Analysis, que asesora a compañías e inversores extranjeros interesados en el país. “Duque tendrá que intentar encontrar soluciones amistosas rápidamente porque la influencia de los manifestantes aumenta a medida que pasa el tiempo”.

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Para el experto, eliminar las exenciones a los empresarios, respaldar un recorte salarial a los congresistas y aumentar el salario mínimo del 2020 en un amplio margen son formas con las que Duque podría “mostrar” que responde a los manifestantes.

La legisladora Katherine Miranda, del Partido Verde e integrante de la comisión económica de la Cámara de Representantes, dijo a Reuters que se debería reevaluar la actual reforma tributaria y aseguró que “la oposición ha pedido al ministro de Hacienda que demore la votación e incorpore las propuestas que la gente, los ciudadanos de la calle, han hecho”.