Por Juan Ariel Jiménez *

La República Dominicana ha logrado un importante desarrollo de su infraestructura, sobretodo en tránsito y movilidad, con más de 19,000 kilómetros de carreteras y caminos. De hecho, estamos entre los 7 primeros lugares en América Latina en el pilar de infraestructura del Informe de Competitividad del Foro Económico Mundial. De igual forma, tenemos una buena infraestructura portuaria y aeroportuaria, con 13 puertos y 8 aeropuertos internacionales.

Sin embargo, la isla caribeña enfrenta también varios retos como la demanda de atención que exige la red de distribución eléctrica, que requiere significativas inversiones a fines de disminuir las pérdidas técnicas y no técnicas del sistema eléctrico.

Otro sector que requiere una gran inversión es el de aguas, tanto para el almacenamiento del agua cruda, como para el manejo de las aguas residuales. Y no solo la construcción de nueva infraestructura, debemos también realizar inversiones en el mantenimiento de la ya existente.

Por último, hay una gran necesidad de mejorar el manejo de los residuos sólidos, pues el crecimiento económico y el incremento en la visita de turistas generan cada año mayores cantidades de residuos, que si no se manejan adecuadamente podrían terminar impactando el medio ambiente y la calidad de vida.

Definitivamente los países para impulsar su proceso de desarrollo requieren de infraestructura adecuada, razón por la cual el Banco Mundial estima que en América Latina se debe invertir aproximadamente al menos 5% del PIB en infraestructura.

Estas necesidades de inversión supera el nivel actual de nuestro país, en donde la inversión anual está por debajo del 3% del PIB, en gran medida inversiones realizadas por el sector público. Para aumentar el monto de inversión, debemos corregir elementos que han dificultado tanto al sector público como al sector privado.

Entre los retos que debemos enfrentar está la baja presión fiscal que apenas llega a un 15% del PIB, la cual no permite al gobierno disponer de los recursos suficientes para hacer las inversiones necesarias.

Los gobiernos han tenido dificultad en incrementar las recaudaciones fiscales sin afectar a los más vulnerables, atado al objetivo prioritario del gobierno de mantener la sostenibilidad fiscal, lo cual ha limitado el presupuesto destinado a la inversión. Adicionalmente, el marco normativo genera rigideces en el gasto público que dificulta realizar cambios drásticos que liberen espacio fiscal para el desarrollo de nueva infraestructura, pues la mayor parte del presupuesto dominicano es inflexible, está previamente comprometido, por lo que anualmente hay poco espacio para desarrollar nuevas inversiones.

En el ámbito privado, existen diversas causas que explican la baja inversión en infraestructura. La primera es la falta de diversidad en los instrumentos financieros para cubrir la exposición a riesgos y diferir los pagos en el tiempo.  La segunda es la falta de una legislación apropiada que promueva e incentive colaboración entre ambos sectores y facilite el financiamiento interno y externo.

En busca de soluciones para financiamiento, el gobierno elaboró junto al sector privado y sometió al Congreso un proyecto de ley de Alianzas Público-Privadas, que ya fue aprobada en el Senado de la República Dominicana y está a la espera de revisión por la Cámara de Diputados.

Además, el país está en un proceso de reforma de la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, que abrirá paso a un camino de mayor transparencia y menos burocracia en los procedimientos referentes a dichas actividades, por lo que impulsará de manera indirecta todos los elementos relacionados con la creación de un correcto proceso de infraestructura.

En el caso particular del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, en coordinación con otras entidades del gobierno estamos trabajando en una serie de iniciativas para el fortalecimiento de la planificación y el aumento de la inversión en obras y servicios de interés social, incluyendo un estudio de estimación del déficit de infraestructura, la realización del banco de proyectos para realizar bajo modalidad de Alianza Público Privada, borradores de reglamentos y metodologías de implementación de la Ley de Alianzas Público Privadas, el Mapa de Inversiones como plataforma ciudadana de seguimiento a la ejecución de proyectos, entre otros.

Para lograr un mayor avance en el desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura del país es fundamental mejorar la planificación de la infraestructura, es necesario un levantamiento del déficit de infraestructura y del gasto corriente de las obras de capital, lo cual será realizado próximamente por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Consecuentemente, a partir de estos estudios se debe priorizar las distintas infraestructuras a desarrollar, considerando los beneficios económicos y sociales que generarían, para lograr impactar tanto en todos los niveles político-administrativos del territorio (región, provincia, municipio) como en los distintos sectores productivos del país.

Posteriormente, es necesario estructurar una cartera de proyectos con los debidos estudios de pre factibilidad, a fin de facilitar el desarrollo de los mismos tanto en modalidad de contratación pública como bajo Alianzas Público Privadas.

En ese sentido, con miras a propiciar la ejecución de proyectos, tanto por modalidades tradicionales como a través de Alianzas Público-Privadas, se hace necesario profundizar el desarrollo de distintos instrumentos financieros en el mercado local, pues al tratarse de proyectos intensivos de capital, habitualmente requieren acudir a los mercados de valores y a inversores institucionales para apalancar las inversiones, así como también requerir de estructuras financieras, como los fideicomiso, con miras de dar mayores garantías y confianza a las partes.

Finalmente, es necesario recordar que nuestro país es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático y otros eventos de la naturaleza, tales como huracanes, inundaciones, deslizamientos, terremotos, entre otros. Esto hace fundamental empezar a incorporar enfoques de resiliencia en el diseño y operación de la infraestructura. 

Juan Ariel Jiménez es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana.