Por Arlene Ramírez Uresti

A casi dos meses de las elecciones presidenciales en Bolivia, y tras varias semanas del inicio de su más reciente convulsión política, la Organización de Estados Americanos (OEA) dio a conocer el informe final sobre los comicios. Resalta la línea en la que define como “manipulación dolosa” y “parcialidad de la autoridad electoral”, lo que de ya establece una postura respecto al expresidente Evo Morales, su administración, el inexistente golpe de Estado, la protesta contra el fraude y súbita terminación del prolongado gobierno.

El documento elaborado por la OEA concluye que hubo “operaciones dolosas” en las elecciones del pasado 20 de octubre y esto conllevó a la alteración de “la voluntad expresada en las urnas”.

Tras varios días de conteo, Evo Morales fue proclamado vencedor de las elecciones por un margen del 10,57% de votos sobre su rival Carlos Mesa, con solo un 0.57% de diferencia para evitar una segunda vuelta entre ambos.

En su informe, la OEA también concluye que las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato (Evo) Morales sobre el candidato (Carlos) Mesa.

Entre las acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección, el documento menciona la paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), conocido como conteo rápido.

Además, el informe indica que cuando el sistema reanudó su funcionamiento, al día siguiente, apareció en escena un servidor oculto, no declarado y no controlado ni por la empresa auditora ni por el personal técnico del órgano electoral.

El informe detalla que el equipo auditor detectó una manipulación dolosa de los comicios en dos planos: a nivel de las actas, a partir de su alteración y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas, y de los resultados, a raíz del redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos.

En estricto sentido, México ha conferido asilo político a alguien que buscó beneficiarse del fraude electoral, gobernó 14 años y sin apego al Estado de Derecho insistió en reelegirse (otra vez).

Así las cosas, y considerando que México es miembro activo de la OEA y de varias Convenciones Internacionales, debería estar a favor de las sanciones que eventualmente se puedan imponer al expresidente boliviano y a favor, siempre, del permanente respeto a los derechos humanos y políticos de la población boliviana. Mantener el asilo en estas condiciones no solo es un acto de incongruencia, sino que también pudiera llegar a ser un acto de complicidad.