Por Felivia Mejía y Mirna Gutiérrez

Por muchos años los pobladores de la provincia San José de Ocoa, ubicada a 104 kilómetros al sur de Santo Domingo, demandaron al gobierno nacional la construcción de un nuevo puente en la localidad Sabana Larga, porque las fuertes lluvias en temporada de huracanes siempre colapsaban la vieja estructura, dejando incomunicadas a las poblaciones.

Para 2013, a pesar de las reparaciones, el puente antiguo se encontraba ya muy deteriorado y el gobierno decidió incluir a última hora la construcción de uno nuevo en el presupuesto para infraestructura vial que tenía para esa provincia en ese periodo, quedando lista la obra a finales de aquel año.

Este es un ejemplo de cuando en el país se levantan las obras en la medida en la que dictan las urgencias, no tanto por previa planificación, a pesar del reclamo de las comunidades. Además, es un indicativo de la necesidad que tiene la isla por contar con más infraestructura de primer nivel, pues a pesar de que el año pasado registró un Producto Interno Bruto (PIB) de 7%, lo cierto es que los grandes inversionistas nacionales e internacionales prefieren llegar a países con mejores carreteras, modernos sistemas de electrificación, redes de agua y saneamiento funcionales o proyectos logísticos.

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Las mediciones globales hacen evidentes esta necesidad. Por ejemplo, el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que evalúa a 140 países, coloca a República Dominicana en la posición 77 en el rubro de Infraestructura, por debajo de naciones como Chile, que al estar en el sitio 41 en esta área se posicionó como el mejor de Latinoamérica y El Caribe. “Chile está entre los primeros países en cuanto a electrificación, agua potable y conectividad y nosotros debiéramos aspirar a acercarnos al país de la región mejor posicionado, por lo que vemos, nos falta mucho por recorrer”, opina Miguel Collado Di Franco, economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).

Asegura que, para avanzar, los gobiernos dominicanos deben priorizar los proyectos de obra pública por nivel de importancia social, planificar con tiempo su desarrollo e identificar las fuentes de financiamiento.

En el informe del WEF, obtienen un mejor valor las infraestructuras portuarias y la eficiencia en el servicio de transporte aeroportuario, ocupando las posiciones 43 y 48, respectivamente. Mientras que la calidad de las carreteras se posiciona en el número 53, entre 140 países. Pero, a juicio de Collado, eso no significa que esos sectores estén perfectos, pues hace falta ampliar el sistema vial y fortalecer su seguridad, mientras que el sector portuario necesita expandirse, sobre todo al norte del país, y darle mantenimiento para aumentar el volumen logístico, de manera que la isla alcance su ambicioso propósito de convertirse en el hub logístico del Caribe.

En lo que respecta a infraestructura de servicios públicos (electricidad y agua), el país se encuentra en una posición más rezagada, por lo que todavía existen importantes oportunidades de mejora en éste rubro, dice Lucía Meza, directora de proyectos de infraestructura del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

La especialista señala que, desde 2009, el sector que ha recibido mayor inversión pública ha sido el de transporte, con un total estimado de más de 5,800 millones de dólares (mdd). La inversión en el sector energía se ha más que triplicado desde 2009, y las inversiones en el sector agua y saneamiento han crecido 76% en el mismo período. A pesar de ello, todavía existen ciertas brechas en ambos sectores que es preciso atender.

En el Índice de Competitividad del WEF, República Dominicana exhibe una baja puntuación en el renglón de saneamiento y suministro de agua potable, ocupando la posición 112, y en cuanto al servicio de energía eléctrica, queda en el lugar 81.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), la cuarta parte de la población no tiene acceso al servicio de agua potable, mientras que 75% que sí cuenta con el suministro a través de las redes de distribución sufre la escasez y un mal servicio. Además, alrededor de 9% de la población carece de energía eléctrica, estima Thelma Eusebio, directora de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS).

Baja inversión y planificación

El país destina apenas el 2.8% de su pib a la inversión en infraestructura, cuando organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recomiendan que se invierta como mínimo 6% del PIB.

Aunque la realidad es que esa baja inversión es un reflejo de Latinoamérica y el Caribe, donde la media de los países alcanza menos del 3% del PIB: “La mayor parte del gasto público está yendo a honrar el gasto corriente, es decir, lo que se consume en un año, mientras que las infraestructuras son bienes capitales que se mantienen en el tiempo y que son necesarios para el desarrollo de las actividades económicas”, expresa Collado. El economista ahonda en que el país se endeuda para consumir el dinero prestado en gasto corriente y una parte importante se destina al pago de intereses de la deuda que cada año se incrementa sustancialmente.

Entre los retos que debe enfrentar República Dominicana para contar con más presupuesto está la baja presión fiscal que apenas llega a un 15% del pib, la cual no permite al gobierno disponer de los recursos suficientes para hacer las inversiones necesarias, opina el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez. Apunta que los gobiernos han tenido difícil incrementar las recaudaciones fiscales sin afectar a los más vulnerables y preservando su objetivo de mantener la sostenibilidad fiscal, lo cual ha limitado el presupuesto destinado a la inversión.

Además, dice el funcionario que otro inconveniente es que la mayor parte del presupuesto dominicano es inflexible, y está previamente comprometido, por lo que anualmente hay poco espacio para desarrollar nuevas inversiones.

En el ámbito privado, existen diversas causas que explican la baja inversión en infraestructura. La primera es la falta de diversidad en los instrumentos financieros para cubrir la exposición a riesgos y diferir los pagos en el tiempo, a juicio de Jiménez. La segunda, es la falta de una legislación apropiada que promueva e incentive la colaboración entre ambos sectores y facilite el financiamiento interno y externo.

De su lado, Lucía Meza opina que una opción para aumentar la inversión en infraestructura es incrementar la participación del sector privado y atraer nuevas fuentes de financiamiento, lo cual permitiría oxigenar las finanzas públicas al reducir el nivel de deuda y la dependencia del gobierno para financiar los proyectos privados, ya que actualmente tan sólo 17% de la inversión total se lleva a cabo por el sector privado mientras que el gobierno se encarga del 83% restante.

Actualmente sólo 10% del total de la deuda corresponde a financiamiento multilateral, por lo que el país dispone todavía de importantes espacios para aprovechar las condiciones altamente competitivas que ofrecen estas instituciones de desarrollo.

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Para que la República Dominicana pueda hablar de desarrollo pleno necesariamente debe cerrar la brecha de necesidades básicas que sufre la población, opina César Fernández, director del Centro de Estudios de Urbanismo e Infraestructura de Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode): “Todavía hay localidades que no tienen ni caminos adecuados, esas infraestructuras que son de la premodernidad”, opina. La deuda en materia de construcción se debe a la falta de voluntad política para cumplir con las demandas y el empoderamiento de la gente, opina Fernández, “porque la comunidad política sencillamente debe obedecer a lo que el pueblo quiere, pero el pueblo no se ha empoderado”, afirma.

Fernández es también coordinador de RD2044, una investigación auspiciada por Funglode, realizada a lo largo de 10 años, con la cual identificaron 1,200 obras prioritarias de infraestructura. La investigación fue iniciativa de Leonel Fernández Reyna, presidente de Funglode y quien fuera el primer mandatario de la República Dominicana en tres ocasiones.

Alianza público-privadas

Los legisladores estudian actualmente un proyecto de ley que regulará el inicio, la selección, la adjudicación, la contratación, la ejecución, el seguimiento y la extinción de alianzas público-privadas, que de resultar aprobado mejorará las condiciones para que en el país se ejecuten más obras de infraestructuras respaldadas bajo ese modelo de financiación y operación. El anteproyecto de ley fue sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional en diciembre de 2018 y en mayo de este año fue aprobado en primera lectura por el Senado de la República Dominicana, pero los legisladores continúan analizando el texto.

Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), resalta la importancia de contar con esa norma. Afirma que la promoción de alianzas público-privadas eficientes es fundamental para lograr una adecuada inversión en energía, carreteras y otras infraestructuras necesarias, además de que ayuda a los países a desarrollar la industria y a recibir inversión extranjera directa.

Hasta ahora, la Ley 340-06, del 18 de agosto de 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones es la que rige las alianzas público-privadas bajo el modelo de concesión, pero sus escasos reglamentos sobre el tema limitan mucho el alcance de esa norma, opinan distintos expertos.

El anteproyecto de Ley de Alianzas Público-Privadas (APP) que cursa en el Congreso necesitaría algunos ajustes; como, por ejemplo, que se fijen desde ya los plazos necesarios para entregar los documentos requeridos a quienes participen en licitaciones de obras.

Como hasta ahora contempla la norma, esos tiempos quedan a discreción del Estado, que está en libertad de establecer los plazos que considere en cada obra. “Ningún inversionista se va a involucrar en un proyecto público-privado si no ve que las reglas del juego están claras. La discrecionalidad del Estado no hace sentir cómodo al inversionista nacional ni al extranjero”, opina Eduardo De Marchena Kaluche, socio presidente de la firma DMK Lawyers y especialista en asuntos corporativos.

De aprobarse la Ley de Alianzas Público-Privadas, se derogaría la Ley 340-06, y por tanto la Dirección de Compras y Contrataciones desaparecería en favor de una Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Sin embargo, De Marchena Kaluche opina que esa derogación no sería oportuna, ya que la Ley 340-06 rige también otros temas diferentes a las concesiones: “Un reto pendiente es que somos muy buenos construyendo, sobre todo el sector público, el Estado, y muchas veces no somos tan buenos manteniendo y eso tiene un costo cuando tú permites que se deteriore por falta de mantenimiento. Construir de nuevo tiene un alto costo”, afirma

En tanto que Federico Villalobos, socio de Asesoría Financiera e Infraestructura de Deloitte para Centroamérica y República Dominicana, señala que es clave hacia el futuro posicionar al país como destino de inversión en obra pública, con el fin de canalizar los recursos requeridos para el desarrollo de nuevos proyectos y de su adecuada gestión y mantenimiento.

Esta legislación vendría a corregir una de las principales debilidades señaladas por el Infrascope 2019, donde República Dominicana resultó ser el país con menor calificación comparado con Centroamérica, principalmente por la carencia de un marco legal e institucional para el desarrollo de APP. “Sin embargo, a pesar de posicionarse en último lugar en el ranking, el país ocupa el primer puesto en cuanto a clima de inversiones, y el tercer lugar en financiamiento. Es decir, cuenta con condiciones adecuadas para el lanzamiento de un programa APP”, afirma el especialista de Deloitte.

Experiencias

A pesar de que el país aún no cuenta con una ley de Alianzas Público-Privadas, instituciones financieras internacionales respaldan la ejecución de obras de infraestructura de gran envergadura. Una de ellas es la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), que ha participado en la financiación del corredor turístico de la provincia La Romana, el puerto multimodal Caucedo y varios proyectos de generación termoeléctrica en República Dominicana.

Actualmente apuesta por más, al crear junto con la AFI Universal (administradora de fondos de inversión) el primer instrumento que permitirá a las administradoras de fondos de pensiones invertir recursos destinados al desarrollo de infraestructura. El denominado Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I”, que tiene un tamaño de 870 mdd, está parcialmente fondeado y se encuentra en el proceso de diligenciar proyectos, sobre todo en los sectores energía y salud, explica Ramón Candia, director general de CIFI.

“Nosotros nos encontramos bastante satisfechos, República Dominicana nos ha dado bastante estabilidad en cuanto al marco jurídico; es un país con seguridad y vemos mucho interés en general de inversionistas internacionales y de instituciones como nosotros que manejamos América Latina”, expone el directivo de CIFI.

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Esa entidad ha identificado oportunidades de negocios en el sector salud tras evaluar que existe una amplia demanda de hospitales. Asimismo, identifican potencial en el sector de electricidad, ahora que el país está muy interesado en aumentar la generación de energía limpia, y en la construcción de grandes centros comerciales e instituciones educativas.

Para Candia, la aprobación de una ley de Alianzas Público-Privadas permitiría entrar a ciertos sectores donde actualmente la CIFI y el fondo tienen una participación limitada, por ejemplo, en salud, educación, carreteras y saneamiento de agua.

Queda claro que hay avances significativos en cuanto infraestructura vial y portuaria, pero quedan por construir obras que suplan las necesidades básicas, sobre todo referentes al agua potable. El país tiene el reto de lograr un eficiente gasto público para destinar más presupuesto a infraestructura y crear las condiciones para conquistar nuevas fuentes de financiamiento. Toca mantener la voluntad estatal para seguir avanzando, de manera que se puedan concretar y obtener los resultados positivos esperados.