Por Hilen Meirovich y Fernando Cubillos

La COP25 cierra sus puertas con una consigna clara: es tiempo de actuar y todos somos responsables de hacerlo. Revertir las condiciones que empeoran el cambio climático implica que debemos encontrar soluciones para acelerar la transición hacía economías bajas en carbono y resilientes al clima. Este encuentro, presidido por Chile y celebrado en Madrid, se abanderó como la COP de la ambición, aquella destinada a establecer un compromiso claro y contundente de los países. Pero habrá que esperar hasta el próximo año para resolver la clave de este compromiso: el artículo 6 del Acuerdo de París, el mayor consenso frente a la crisis climática aprobado en 2015 por 195 países.

La COP26, que se celebrará en Glasgow, comienza la cuenta atrás para su celebración con la urgencia de aprobar este punto. Este artículo definirá la estructura del nuevo sistema de mercado global de carbono, que ayudará a los países en el proceso de descarbonizar sus economías de una manera más eficiente. Su puesta en marcha es el último escalón para completar el reglamento del Acuerdo de Paris. El objetivo es establecer un Mecanismo de Desarrollo Sostenible, es decir, un sistema mediante el cual se comercializarían créditos de CO2 entre los países, incluyendo al sector privado, y se destinarían los recursos obtenidos a proyectos bajos en carbono y de adaptación.

Definir el funcionamiento de este mecanismo fue una de las barreras que impidieron su aprobación en esta COP25. Se quería evitar el riesgo de diseñar una estructura poco robusta, que derivara con el tiempo en un ´hecha la ley hecha la trampa´. Los negociadores prefirieron un ‘no acuerdo’ a un ‘mal acuerdo’.

La ansiedad climática crece al hacerse evidente la desconexión entre la urgencia que demanda la sociedad civil y las postergaciones por parte de los negociadores, que retrasaron la definición del reglamento hasta noviembre del 2020. Sin embargo, una señal positiva llega desde el sector privado y su interés en desarrollar soluciones para la reducción de emisiones, sobre todo en los países donde existen planes de gobierno con objetivos y calendarios para la descarbonización, es fundamental para conseguir un resultado efectivo.

Pese a ser responsable de menos del 10% de las emisiones globales de CO2 en el 2018, Latinoamérica y el Caribe ha demostrado en conjunto un firme compromiso con las metas de mitigación. Muchos países han implementado políticas públicas que promueven tecnologías más eficientes y menores emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de energía y transporte. De hecho, la actividad reciente en el sector de las renovables ha supuesto una verdadera revolución tecnológica que ha permitido a los mercados iniciar sus estrategias de transición energética.

Las subastas realizadas en países como México, Argentina o Colombia han generado una importante reducción de las tarifas de energía. Sin embargo, las necesidades de mitigación requieren esfuerzos más allá del fomento de las tecnologías limpias. Es imprescindible desarrollar planes de descarbonización que planifiquen la transformación de las actividades económicas en las que se usan combustibles altos en emisiones, como el carbón y el petróleo, para la generación de energía y otros usos industriales.

Chile es uno de los primeros países de Latinoamérica y el Caribe con un plan de descarbonización para el sector energético, que incluye el retiro progresivo de la energía en base a carbón en las próximas dos décadas. Este plan fue elaborado a través del diálogo entre el gobierno, las centrales eléctricas, los sindicatos, el sector académico y la sociedad civil. Con ellos se establecieron los tiempos adecuados para una eliminación gradual y el uso de políticas económicas compensatorias que apoyen a las comunidades más afectadas. El caso de Chile muestra, además, que aumentar el nivel de ambición aumenta también el nivel de acción. A partir del planteamiento del Gobierno, algunas empresas dueñas de centrales carboeléctricas han aprobado acotar los tiempos para la salida de servicio de las centrales en operación y, al mismo tiempo, reconducir sus inversiones hacia proyectos bajos en carbono.

¿Cómo lo van a lograr? En el marco de la COP25 se anunció el primer programa piloto de descarbonización para monetizar la reducción de emisiones y reemplazar la generación energética contaminante por proyectos de energía renovable. El acuerdo, firmado por BID Invest, el gobierno de Chile y la filial chilena de la empresa energética ENGIE, también evitaría el efecto rebote (leakage) para las empresas propietarias de las centrales. A falta de un mercado de créditos de carbono, esa monetización se puede trasladar al cliente en forma de beneficio financiero, reduciendo sus costos de financiación para los proyectos de energía renovable que ponga en marcha.

En un desarrollo futuro, ejercicios como el de monetización de la descarbonización puede ayudar a crear fondos de compensación público-privados que canalicen recursos para combatir la desigualdad y promuevan el crecimiento inclusivo. Y finalmente este tipo de acciones también podrían acceder a los mercados de capitales mediante los bonos de transición, un tipo de bono verde dirigido a financiar proyectos bajos en emisiones para empresas que, tradicionalmente, han sido emisoras de gases de efecto invernadero.


La ambición climática y la colaboración están, por tanto, fuertemente relacionadas. Es fundamental que exista una política de gobierno, pero también empresas e inversores que lancen una señal al mercado. El sector privado de América Latina y el Caribe tiene a su disposición conocimiento y capacidad de innovación financiera para lograr la reducción de emisiones que demandan los ciudadanos. Los ojos del mundo evaluarán la eficacia del sistema que derive del artículo 6 del Acuerdo de París, pero la acción va más allá de la negociación. El camino ya está en marcha: apostamos por invertir en revertir.

Hilen Meirovich, Jefa Cambio Climático de BID Invest

Fernando Cubillos, Jefe de Energía de BID Invest

@BIDInvest