Por Arlene Ramírez Uresti

La constante disyuntiva de los regímenes latinoamericanos sigue latente. Si bien han caminado senderos de desarrollo y estabilidad intermitentes, también han transitado sendas de tribulación e incertidumbre causadas por la falta de modelos de gestión pública propios. Es decir, toda vez que los países de América Latina no han desarrollado modelos económicos, políticos y sociales propios y, sobre todo, adecuados a nuestra realidad, los periodos de crisis se perpetúan y se afianzan en ciclos cada vez más cortos.

Para la comunidad internacional, la transición en Bolivia no era una opción, era un acto innegable de responsabilidad y hasta de deuda social con una población que ya ha esperado mucho el cumplimiento de vastas promesas de desarrollo e igualdad que hasta hoy,  no han llegado.

No obstante, a la caída del régimen del expresidente Evo Morales, el concierto internacional escuchó de México la voz de solidaridad hacia el expresidente y su gabinete, ofreciendo el asilo político que le permitiera una salida inmediata y cómoda ante el inminente proceso judicial que tendría que enfrentar en su país.

México ha sido durante años un actor clave en el escenario internacional, una bisagra importante para el desarrollo de la política exterior de los Estados Unidos y un socio comercial estratégico en diferentes arenas. Pero también ha sido (o al menos lo había sido hasta antes del incidente con Bolivia), un país claramente a favor del principio de no intervención, absoluto respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos.

Justamente, al inicio del gobierno del presidente López Obrador, se anunció con bombo y platillo que la política exterior del actual gobierno de México buscaría que la Doctrina Estrada ayudara a reintegrar aquellos ejes que los gobiernos neoliberales habían “trastocado” con la intención de darle un matiz económico a la interacción con el exterior. De esta forma, hablar de la Doctrina Estrada e invocar sus principios de no intervención, respeto a la soberanía y solución pacifica de controversias perdió contundencia y hasta credibilidad en virtud de que a través de la Cancillería mexicana se han realizado acciones controversiales en temas de coyuntura geopolítica como lo son la actual situación política en Bolivia, la crisis humanitaria en Venezuela y las nuevas líneas de la  política migratoria de los Estados Unidos respecto a los países del Triángulo Norte.

El debilitamiento de las relaciones bilaterales entre México y Bolivia, es un acontecimiento diplomático sin precedente, que se puede comparar al escalamiento de tensiones entre Ecuador y Gran Bretaña por el asilo concedido a Julian Assange en la trama Wikileaks.

Hablar de intervención y violación a la soberanía de una nación por parte de otra, es quizás uno de los atentados más graves a la Convención de Viena y los tratados internacionales suscritos por los países involucrados.

Aunque el gobierno de facto establecido en Bolivia no sea Constitucional, al menos por ahora representa al pueblo boliviano y está reconocido como tal por la comunidad internacional, lo que le faculta para abogar a favor del respeto a su soberanía.

Aunado a esto, se encuentra lo convenido en la Convención sobre Asilo Diplomático (A-46) que claramente establece los supuestos bajos los cuales es posible ofrecer y otorgar salvoconductos y asilo diplomático. Bajo este contexto, sería un acto de buena voluntad que México se reservara el derecho a otorgar un salvoconducto a los ex miembros del gabinete que están aguardando con ansia el momento de llegar a México para eventualmente evadir un juicio político en su contra.

La única forma en la que la tensión podría bajar de intensidad será, entonces, un exitoso proceso de buenos oficios por parte de la Cancillería mexicana.