EFE.- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país, suspendió la Ley de Aceptación de Cargos, una normativa promulgada en 2019 por el Congreso para la reducción de penas de quienes acepten sus culpabilidad en algunos delitos, informó este viernes una fuente oficial.

La ley, que había generado polémica dentro de la sociedad civil guatemalteca por facilitar la reducción de penas para delincuentes, corruptos y hasta pandilleros, quedó sin validez según confirmó la misma corte.

La decisión del máximo tribunal guatemalteco fue emitida después de que la organización no gubernamental Alianza por las Reformas solicitara la revocación de la misma mediante procedimientos legales.

La Corte de Constitucionalidad detalló que la ley fue suspendida de manera “provisional”, a la espera de ser próximamente ratificada o suspendida de manera definitiva.

La normativa fue aprobada por el Congreso en noviembre de 2019, con reformas a artículos del Código Procesal Penal, y avalada finalmente en diciembre del año pasado por el expresidente del país, Jimmy Morales Cabrera, para tomar vigencia a partir del 16 de enero.

Un total de 81 diputados, incluyendo el expresidente del Parlamento, Álvaro Arzú Escobar, validaron la modificación a la ley, que reduce las penas hasta la mitad para quienes acepten los cargos imputados.

La decisión de la CC llega tres días después de la investidura del nuevo presidente del país, Alejandro Giammattei, y de la jura de un nuevo Congreso compuesto por 160 diputados, incluidos casi un centenar de nuevos legisladores.

La normativa incluía la reducción de penas para los delitos de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.

La medida fue criticada por diversos sectores de la sociedad civil guatemalteca por promover supuestamente la impunidad, en un país donde en los últimos cinco años las autoridades han imputado por corrupción a más de 150 personas entre diputados, ministros, funcionarios, empresarios, presidentes y vicepresidentes.

“Una ley de aceptación de cargos bajo términos de eficiencia del sistema de justicia es necesaria, pero esta aberración bajo términos de impunidad era urgente impedirla”, aseguró al respecto el recién investido diputado Samuel Pérez Álvarez a través de sus redes sociales.