Centroamérica es una de las regiones con mayor índice delictivo en el mundo; en los países del llamado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) se registran alrededor del 4.5% de los homicidios en todo el mundo a pesar de tener solamente alrededor del 0.4% de la población mundial, esto de acuerdo con el blog del Fondo Monetario Internacional (FMI), Diálogo a fondo.

El costo económico de la delincuencia afecta las economías centroamericanas. En Honduras y El Salvador la actividad delictiva generalizada está costando a estos países 16% de su Producto Interno Bruto (PIB), 13% directamente (debido, por ejemplo, a cierres de empresas) y 3% indirectamente (por factores como la falta de oportunidades de empleo). 

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Por su parte Guatemala puede estar perdiendo 7% de su PIB a causa de la delincuencia, 6% directamente y 1% indirectamente.

Las pérdidas económicas hacen indispensable reducir las tasas de delincuencia en la región; de acuerdo con el estudio Crimen y producción: teoría y aplicación en el triángulo norte de América Central del FMI, un aumento de 1% del PIB per cápita implica una disminución de alrededor de 0.5% de la delincuencia, mientras que una disminución de cerca de 5% de la delincuencia se traduce en un aumento de alrededor de 1% del PIB per cápita.

Altos niveles de delincuencia

El FMI determinó que la delincuencia y la corrupción superan al desempleo y otros desafíos económicos como la desigualdad de ingresos y son los problemas más urgentes a enfrentar en el Triángulo Norte.

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El tráfico de drogas, la disponibilidad de armas de fuego y la violencia juvenil suelen citarse como causas de estos altos niveles de delincuencia. Lo anterior se deriva de la pobreza generalizada y la falta de oportunidades económicas, así como la percepción de corrupción .

El alto costo de la delincuencia

El FMI indicó que en 2016 en Honduras, los costos indirectos de la delincuencia ascienden a 3% del PIB y los costos directos a alrededor de 13% del PIB. En El Salvador en 2015, los costos indirectos son del 7% y los costos directos del 20%, y en Guatemala en 2015–17 los costos indirectos de la delincuencia ascendieron a 1% del PIB, y los costos directos al 6% del PIB.

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