EFE.- Decenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos en Honduras exigieron este jueves que se investiguen los casos de violaciones de garantías después de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017 en el país centroamericano, a partir de un informe de las Naciones Unidas.

Las organizaciones, aglutinadas en una Coalición contra la Impunidad, exigieron al Ministerio Público que “proceda cuanto antes a cumplir con su función de investigar cada uno de los casos contenidos en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras(Oacnudh)”, presentado el miércoles en Tegucigalpa.

Además, exigieron “extender requerimientos fiscales en contra de los responsables directos e intelectuales de los homicidios, torturas, encarcelamientos injustos e ilegales”, y que “el poder judicial actúe conforme a derecho y no conforme a las presiones e intereses de políticos y altos funcionarios públicos”.

En su planteamiento, las organizaciones hicieron un llamamiento a la sociedad civil y la comunidad internacional a brindarle su “firme apoyo” a la labor de la Oacnudh y su titular, María Soledad Pazo, por su observación al Estado de Honduras para que cumpla con su función de proteger los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, de conformidad con los estándares y compromisos internacionales suscritos.

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INFORME DE GRAN VALOR

El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Juan Almendáres dijo a Efe que el informe presentado por la Oacnudh es “de un gran valor histórico porque todas las agencias de cooperación han reconocido de forma contundente la violación de los derechos humanos y el asesinato de hondureños”, en el marco del proceso electoral de 2017.

Agregó que Honduras es una país “violador de los derechos humanos” y “altamente militarizado”, y que ahora lo que procede es que “el Gobierno reconozca que aquí se violan los derechos humanos”.

También se debe apoyar a la Oacnudh y su representante para darles garantías de que continúen con su labor en el país, indicó el reconocido defensor de derechos humanos.

Las elecciones generales de 2017 fueron salpicadas por denuncias de “fraude” que habría hecho el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para reelegirse, según varios partidos de oposición, que además convocaron a movilizaciones y la insurrección.

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Muchas de las manifestaciones en las calles derivadas después de las elecciones terminaron en violencia, incluso con muertos y muchos lesionados, además de cuantiosas pérdidas materiales a la propiedad pública y privada.

El informe presentado el miércoles por la Oacnudh señala que Honduras debe “redoblar urgentemente” sus esfuerzos para reparar a las víctimas de las violaciones de derechos humanos durante las protestas surgidas por el presunto fraude en las elecciones generales de 2017.

Según el informe, los incidentes violentos que se registraron después de las elecciones dejaron al menos 23 personas muertas, muchos lesionados y detenidos, entre otras violaciones.

UN MANTO DE IMPUNIDAD

Gilda Rivera, del Centro de Derechos de Mujeres, dijo a Efe que el informe de la Oacnudh es “bastante bueno, muy apegado a la realidad”, además de recoger “graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el marco de la crisis electoral de 2017”.

Añadió que, en lo que respecta a las instituciones del Estado encargadas de garantizar los derechos humanos, “pareciera que su acción es tirar un manto de impunidad sobre estas graves violaciones a los derechos humanos, minimizarlos, esconderlos, al servicio de los intereses de poder económico, de Juan Orlando Hernández y de los principales violadores de los derechos humanos en este país”.

Rivera afirmó que “lastimosamente el Gobierno lo que hace generalmente es decir que los informes son sesgados, los hace a un lado y no atiende recomendaciones, porque no son vinculantes”.

Un Gobierno responsable, con alto compromiso social, en opinión de Rivera, debería de dar seguimiento a todas las recomendaciones que establece el informe presentado por la Oacnudh, además de preocuparse por la institucionalidad, porque no está garantizando derechos humanos en el país.

DELITOS DE LESA HUMANIDAD

El informe de Naciones Unidas señala que al menos “22 civiles y un agente policial murieron” y otras 60 personas resultaron lesionadas durante las protestas luego de los comicios del 26 de noviembre de 2017, en las que además se registraron “arrestos masivos, malos tratos durante el arresto y la detención”.

Edy Tábora, directivo del Comité para la Libre Expresión (C-Libre), dijo que debe haber una “investigación seria, efectiva, eficaz, frente a la responsabilidad que tiene Juan Orlando Hernández en representación del poder Ejecutivo y como presidente y coordinador del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad”.

Subrayó que en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad “se decidieron absolutamente todas las acciones de represión” contra los que salieron a protestar a partir de noviembre de 2017.

“Lo que ocurrió aquí son delitos de lesa humanidad, no solo ahora, pero ahí -en el informe de Naciones Unidas- ahora hay un marco de dos meses en los cuales se ha podido documentar esta situación. Se deben investigar las cadenas de mando hasta llegar al titular del Consejo de Seguridad”, apostilló.

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