Por Max Radwin y Seth Robbins

Las pruebas utilizadas para acusar a varios políticos de alto rango de El Salvador de negociar con pandillas han existido durante años, por lo que surgen dudas acerca de por qué los fiscales están levantando los casos en estos momentos, y de los beneficios que esto puede representar para el presidente Nayib Bukele.

En febrero, la Fiscalía General de El Salvador acusó a un diputado, al alcalde de San Salvador y a dos exministros, miembros de los dos principales partidos políticos del país, de fraude electoral y conspiración. Se les acusa de ofrecer dinero en efectivo y proyectos públicos a los líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13) a cambio de su respaldo político en áreas controladas por las pandillas durante el período previo a las elecciones presidenciales de 2014.

Ya a principios de 2016 se filtraron pruebas de video que mostraban que funcionarios de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de derecha, y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de izquierda, se reunieron con pandilleros para obtener favores políticos.

Te puede interesar: Abuso de fuerza de Bukele genera condena dentro y fuera de El Salvador

Un video, publicado por el medio de investigación El Faro, muestra al actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, buscando apoyo de las pandillas para Norman Quijano, el candidato presidencial de ARENA que resultó derrotado en las elecciones de 2014. Los fiscales han acusado a Muyshondt y a otras personas de ofrecer canalizar US$100,000 para las pandillas con el fin de que le ayudaran a ARENA en la segunda vuelta presidencial.

Más tarde, también en 2016, InSight Crime, Revista Factum y El Faro publicaron dos videos diferentes en los que se observa a Arístides Valencia y Benito Lara, funcionarios del FMLN, negociando con líderes pandilleros. Valencia y Lara, que llegaron a ser funcionarios de alto nivel en el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), están acusados de ofrecer US$150,000 a las pandillas para que brindaran apoyo a su partido.

Durante un juicio masivo de unos 400 pandilleros a finales de 2019 también surgieron más pruebas de negociaciones secretas, entre ellas videos, fotos y transcripciones de llamadas interceptadas. Un pandillero conocido como “Noé”, líder de la MS13, y quien fue testigo clave del gobierno en el juicio, testificó que representantes de ambos partidos habían negociado con las pandillas durante la temporada electoral.

Aunque ese juicio ocurrió el año pasado, Noé había entregado videos a los fiscales ya en 2016. En uno de ellos, según El Faro, que tuvo acceso a una transcripción, Quijano promete hacer inversiones en centros de rehabilitación si los líderes de las pandillas le ayudaban en su campaña. Los fiscales han pedido a los legisladores que despojen de la inmunidad a Quijano, quien actualmente es congresista, para que pueda ser acusado formalmente de conspiración y fraude electoral.

Análisis de InSight Crime

La repentina imputación a los opositores del presidente salvadoreño levanta sospechas de que los enjuiciamientos tengan motivaciones políticas. Bukele se distanció del FMLN en 2017, cuando era alcalde de San Salvador. Y algunos de los acusados son los rivales más acérrimos del mandatario.

Por otro lado, los arreglos con las pandillas son comunes en El Salvador: miembros del círculo íntimo del presidente supuestamente hicieron tratos secretos similares cuando Bukele era alcalde.

Te puede interesar: Bukele vs Congreso ¿Se ha quebrado el orden constitucional en El Salvador?

“Está bien que estén haciendo esta investigación”, dijo Jeannette Aguilar, investigadora sobre violencia y seguridad en El Salvador, en comunicación con InSight Crime. “Pero, de todas formas, la Fiscalía ha tenido durante años varios elementos importantes que hubieran permitido comenzarla”.

El fiscal general, Raúl Melara, quien ha estado en el cargo por poco más de un año, se había comprometido durante meses a enjuiciar a “sea quien sea que se encuentre involucrado” en las negociaciones con pandillas. Y reiteró su promesa en Twitter cuando la noticia de las acusaciones salió a la luz el 1 de febrero.

Sin embargo, Melara aparentemente se ha hecho el de la vista gorda ante las evidencias de reuniones similares entre líderes de pandillas y funcionarios cercanos a Bukele, que ocurrieron cuando este último era alcalde de San Salvador (2015-2018).

En 2015, dos funcionarios de la administración de la alcaldía de Bukele —Mario Durán, actual ministro de Gobernación, y Carlos Marroquín, quien dirige una unidad de proyectos especiales para áreas bajo control de las pandillas— se reunieron con líderes de la pandilla MS13 en un restaurante de Pizza Hut en las afueras de San Salvador, según informó El Faro en 2018.

Durante dicho encuentro, según la investigación de El Faro, los jefes pandilleros exigieron US$10.000 a cambio de permitir que continuaran los proyectos programados para la ciudad. Los funcionarios se negaron, pero ofrecieron materiales de construcción.

La reunión fue observada por agentes de policía encubiertos, como lo revelaron documentos judiciales más adelante.

Aunque los funcionarios no pudieron llegar a un acuerdo con las pandillas durante esa reunión, la administración del alcalde Bukele finalmente llegó a una serie de acuerdos con ellos para promover importantes proyectos de desarrollo en el Centro Histórico de San Salvador. Según informes de El Faro, dichas concesiones incluían otorgarles a las pandillas espacios en el mercado e incluso contratar a sus miembros para la seguridad en diversos eventos.

Por su parte, la administración pudo renovar los espacios. Se abrieron nuevos negocios y el centro de la ciudad se revitalizó y se convirtió en un componente central de la campaña de Bukele.

Pandilleros y funcionarios de la campaña de Bukele consultados por El Faro también dijeron que, cuando Bukele se postuló para alcalde, se les hicieron pagos a las pandillas para evitar que interfirieran con su campaña.

Ni Marroquín, Durán, ni ningún otro funcionario cercano a Bukele han sido acusados de ningún delito.

Cuando InSight Crime le preguntó a una delegada de la Fiscalía General sobre dicha discrepancia, respondió que no podía ofrecer detalles sobre casos que no han sido enjuiciados para no entorpecer las investigaciones. Rosa Isabel Arce, la vocera de la Fiscalía, también aseguró que “los casos se judicializan hasta que se cuenta con elementos robustos de prueba”.

Marcela Galeas, abogada defensora en casos criminales en El Salvador, expresó sus inquietudes por el enjuiciamiento selectivo a los rivales de Bukele. “No puedo asegurar el motivo o la razón que haya existido para perseguir este delito en este momento, pero es un hecho que va a pasar factura a ARENA y FLMN”, dijo en comunicación con InSight Crime.

Galeas también señaló que en las recientes acusaciones “se observa una conexión entre los deseos del presidente y las acciones del fiscal general”.

Por ley, el fiscal general y el presidente de El Salvador operan de manera independiente. Pero, desde que asumió el cargo en junio de 2019, Bukele ha acostumbrado a presionar públicamente a Melara —incluso en Twitter, su medio favorito— para que abra investigaciones.

Te puede interesar: Partidarios de Bukele exigen a Congreso recursos para su plan de seguridad

“Lo menos que podemos exigir es la renuncia de Norman Quijano y que el Fiscal General [Raúl Melara] procese a los involucrados”, tuiteó Bukele en octubre de 2019, tres meses antes de que Melara anunciara los casos.

Por otra parte, los casos de negociación con pandillas se han vuelto políticamente convenientes para Bukele y sus enfrentamientos con el Congreso del país —donde ARENA y el FMLN tienen 60 de las 84 curules—. Bukele llegó al poder en 2019 como candidato de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), un pequeño partido conservador. Su campaña se basó en una plataforma de desmantelamiento del sistema político corrupto que según él ha estado dominado durante mucho tiempo por las mismas caras; sin embargo, se sabe que GANA ha tenido sus propias prácticas corruptas.

La pelea de Bukele contra los dos partidos tradicionales llegó al colmo el 9 de febrero, cuando el presidente irrumpió en la asamblea legislativa rodeado de policías armados y personal militar con el fin de presionar a los legisladores para que votaran a favor de un préstamo de US$109 millones. De aprobarse, dicho préstamo permitiría financiar la tercera fase del Plan Control Territorial de Bukele, que incluye la compra de equipo de video vigilancia y de helicópteros para devolver el orden público a las zonas bajo control de las pandillas.

La irrupción militarizada fue rechazada tanto dentro de El Salvador como en el extranjero.

Bukele defendió su proceder en Twitter. En una inflamatoria tormenta de tuits, acusó a los legisladores de ARENA y FMLN de financiar a las pandillas y de facilitarles “polígonos de tiro para entrenarlos a matar a los salvadoreños”.

Siete personas en total fueron acusadas en los casos de negociación con pandillas, entre ellas se encuentran el exministro de Seguridad, Benito Lara; el exministro de Gobernación, Arístides Valencia, y el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt. Aún debe determinarse si los legisladores despojarán a Quijano de su inmunidad. Se espera que debatan este asunto en las próximas semanas.