EFE.- Un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador acordó este miércoles reunirse con representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para discutir un préstamo de 109 millones de dólares para la tercera fase de un plan de seguridad contra pandillas, que mantiene enfrentados al Congreso y al Ejecutivo.

Los parlamentarios, miembros de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, citaron para el próximo lunes a las 10.00 hora local (16.30 GMT) a los representantes de la entidad financiera con el propósito de “ampliar la información sobre el contrato de préstamo por 109 millones de dólares” para financiar la fase tres del Plan Control Territorial, según lo informó el Congreso.

La fuente también indicó que los diputados estudian “la posibilidad” de convocar posteriormente a los titulares de los ministerios de Hacienda, Seguridad Pública y Defensa, Nelson Fuentes, Rogelio Rivas, y René Merino, respectivamente, con el objetivo de “contar con mayores elementos informativos que permitan unificar criterios y clarificar dudas sobre los componentes e inversión del préstamo”.

El Plan Control Territorial fue lanzado en junio de 2019 y las dos primeras fases, según aseguró recientemente el mandatario salvadoreño, fueron financiadas con recursos propios del Gobierno, por lo que para la tercera fase el Ejecutivo solicitó un préstamo de 109 millones de dólares.

El dinero fue otorgado en octubre del año pasado por el BCIE, pero debe ser avalado con los votos de al menos 56 diputados, la mayoría calificada, en el Congreso.

La falta de esta aprobación llevó al presidente Nayib Bukele a presionar a los parlamentarios hasta el punto de que el pasado 9 de febrero el mandatario irrumpió en la sede del órgano Legislativo con militares y policías, y amenazó con una insurrección del pueblo.

Esta acción fue condenada por diferentes sectores de la sociedad salvadoreña y la comunidad internacional.

Cuando fue lanzado el Plan Control Territorial diversas organizaciones alertaron sobre las posibles violaciones de los derechos humanos que se podrían generar al sacar a militares a las calles para las labores de seguridad.

La experta en temas de seguridad Jeannette Aguilar dijo a Efe que Bukele ha colocado como principal protagonista de su estrategia de seguridad al Ejército, institución que no se presenta únicamente como su mayor arma contra las pandillas, sino también como un escudo ante sus adversarios.