EFE.- El abogado Manuel Escalante, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) de El Salvador, dijo este jueves en declaraciones a Efe que teme que la Asamblea Legislativa apruebe una ley de reconciliación nacional “poco discutida” y que “beneficiaría a los victimarios y no a las víctimas”.

El Congreso del país centroamericano tiene hasta el 28 de febrero para aprobar dicha ley, según un último plazo dado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entidad que en 2016 anuló una ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y ordenó al Legislativo crear una normativa que garantice el acceso a la Justicia de las víctimas.

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“Me preocupa que han habido avances en el estudio de un anteproyecto pero a puertas cerradas, sin la participación de la ciudadanía, especialmente de las víctimas”, señaló Escalante.

Señaló que “el escenario actual en el Asamblea Legislativa es que los diputados (encargados del análisis de dicha ley) pretenden aprobar un proyecto de ley que no ha sido suficientemente discutido, que no ha compartido y que a todas luces podría beneficiar a los victimarios y no a las víctimas”.

El letrado apuntó que “si los diputados ya tienen un documento elaborado, ahora se debe de entrar en un proceso de validación por parte de la ciudadanía previo a su aprobación en el pleno de la Asamblea (Legislativa)”.

“Yo espero que los diputados realicen el proceso correspondiente y que antes de pretender aprobar una ley, le consulten su opinión a las víctimas”, agregó.

Por su parte, el sacerdote José María Tojeira, director del Idhuca, aseguró que el proceso de elaboración de la ley de reconciliación “ha sido lento, complejo, turbio y oscuro”.

“El proceso ha sido irregular, pero yo espero que se logre aprobar una buena ley porque los hijos y nietos de las víctimas siguen reclamando justicia”, añadió.

El diputado Raúl Beltrán Bonilla, del Partido de Concertación Nacional (PCN, centro derecha), dijo el miércoles a periodistas que “existe un avance de un 80 % en la redacción del documento de ley”, del que no dio mayores detalles”.

Entre 1980 y 1992, la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por Estados Unidos, en un conflicto armado que dejó en 12 años 75,000 muertos y 8,000 desaparecidos.