Por Hugo Flores / Perú

La crisis sanitaria y social provocada por el coronavirus (COVID-19) ha develado o puesto en agenda varias falencias de los países emergentes. Aunque los reflectores se han concentrado principalmente en las debilidades de los sistemas de salud, también han saltado algunos problemas estructurales más complejos. En el caso de la economía peruana, uno de esos problemas es la informalidad. 

Se trata de un frente que ha sido muy descuidado por el Estado a lo largo de los años. Pese al crecimiento económico que experimentó Perú en las últimas décadas, hoy, según diversas estimaciones, más del 70% de los trabajadores del país sudamericano son informales. Es decir, no están en la planilla de las empresas, no tienen seguro de salud, no aportan a un sistema de pensiones, no reciben todos sus beneficios laborales, entre otras carencias. Otra característica es que buena parte de esa fuerza laboral está compuesta por trabajadores independientes. 

De otro lado, de acuerdo con David Rosas, especialista principal de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cerca de la mitad de empresas peruanas son informales a nivel tributario (es decir, no pagan todos sus impuestos). “La informalidad reduce la capacidad del Estado de generar recursos para desarrollar políticas públicas”, dice el especialista del BID. Asimismo, según señaló la Cámara de Comercio de Lima el año pasado, 7.3 millones de empresas peruanas (alrededor de 75% del total empresas que existen en el país) son parte del sector informal.  

Sin embargo, los expertos también coinciden en que la informalidad dentro de la economía peruana tiene muchas más aristas. “Es un problema multidimensional. Puede ser informalidad laboral o tributaria. No obstante, también existen diversas causas y esos motivos pueden variar según el sector. Es decir, las razones detrás de la informalidad en el rubro transporte no son las mismas que en la agricultura, por ejemplo”, dice Pablo Lavado, profesor de economía de la Universidad del Pacífico (UP). 

Es un asunto tan complejo que, incluso, empresas locales que aparentan ser formales, muchas veces incumplen normas u obligaciones con el Estado o con sus trabajadores. Además, la informalidad no solo se refiere al “camino fácil” que eligen algunos empresarios, sino que, en varios casos, es la única alternativa que tienen miles de personas para acceder a actividades productivas (ambulantes, zapateros, mecánicos, pequeños comerciantes, entre otros trabajadores). “Es una de las rutas de escape de la pobreza (que hoy en el Perú alcanza a cerca de 22% de la población), ya que los costos de entrada a las actividades informales generadoras de ingresos son bajos”, explica Carolina Trivelli, economista y exministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú.

Reacción local

El COVID-19, sin duda, ha hecho que se prendan las alarmas en el sector público y privado. ¿La razón? La desaceleración económica causada por este virus golpearía de forma más severa a las personas y empresas que se mueven en el mercado informal. 

La respuesta estatal no se ha hecho esperar. El Gobierno dispuso entregar un bono de S/ 380 (poco más de US$ 100) a alrededor de 800.000 trabajadores independientes (varios de ellos informales). Estos recursos se suman a otro bono de S/ 380 que se transferirá a 2,7 millones de familias en situación de pobreza y extrema pobreza.

Los expertos consideran que el bono es una medida pertinente. “Es importante porque para muchos de ellos la capacidad de generación de ingresos se ha parado de golpe”, señala Hugo Ñopo, investigador principal de GRADE, un centro de investigación peruano sin fines de lucro. De acuerdo con Pablo Lavado de la UP, es una disposición relevante debido a que fue rápida (se dio a poco más de una semana de haber empezado la cuarentena obligatoria en Perú). “Va a ayudar a mitigar el impacto”, señala. 

Soluciones a futuro

Varios expertos señalan que las preocupaciones generadas por el COVID-19 deberían impulsar soluciones para reducir la informalidad en el futuro. Desarraigarla, sin embargo, no es una tarea sencilla, debido a que ha penetrado ampliamente en la vida de los ciudadanos. “Es muy probable que, para todos los peruanos, en mayor o menor medida, cualquier transacción que hagamos tenga algo de informalidad dentro de ella”, dice Hugo Ñopo, de GRADE. De acuerdo con el investigador, el problema va más allá de la informalidad laboral en la que puede estar el trabajador que nos ofrece la transacción, sino incluye aspectos comerciales y a la propia cadena de valor de los productos. 

Entonces, ¿cómo reducir la informalidad considerando esa complejidad? Una primera gran tarea es aumentar la productividad de los trabajadores y de las empresas. Para lograrlo, según Hugo Ñopo, es vital invertir en dos tipos de capital: el físico y el humano. De acuerdo con el investigador, por un lado, el país requiere destinar recursos para mejorar la infraestructura (carreteras, espacios públicos, etc.) que usan las personas para interactuar. Asimismo, es fundamental invertir en las personas (en su educación, por ejemplo).  

En este punto hay mucho camino por recorrer. “Se estima que la productividad laboral de un trabajador peruano representa el 23% de la de uno trabajador estadounidense, lo cual es muy bajo. Es cierto que la informalidad les da un ingreso a las personas, pero las mantiene en una alta precariedad”, dice David Rosas del BID. 

Las mejoras para dinamizar la productividad en el Perú, aunque efectivas, son un trabajo de largo plazo. Algo que podría ser más tangible en el corto plazo, de acuerdo con los especialistas, es desarrollar una legislación –a nivel laboral y tributario, principalmente– más sencilla y que vuelva menos costoso para una compañía pequeña convertirse en una organización mediana o grande. “Aunque implique reducir ciertos beneficios para las empresas y los trabajadores, vamos a estar mejor cuando esta regulación sea más simple”, dice Ñopo. 

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Para Pablo Lavado, otra forma de incentivar que los trabajadores de pequeñas empresas deseen estar en planilla es que su contribución al sistema de pensiones, al menos por un tiempo, sea financiada únicamente por el Estado y la empresa. “Esto podría darse hasta que la firma y el empleado tengan una relación laboral más estable. El aporte del trabajador debería aumentar de manera progresiva”, propone. Según David Rosas del BID, además de reducir los costos de la formalidad, se necesita también fortalecer sus beneficios, como los servicios de salud, el sistema de pensiones, entre otros. 

Al ser un problema tan denso, la lista de medidas es más amplia. Esta incluye fortalecer la fiscalización laboral y tributaria de las empresas. Asimismo, se requiere concientizar a la ciudadanía de la importancia de apostar por la formalidad para el desarrollo del país (pagar impuestos, no eludir las obligaciones con los empleados, cumplir las normas, etc.). Sin duda, el Perú no debería esperar a una nueva coyuntura difícil o crisis para discutir acciones y reformas capaces de reducir la informalidad y las limitaciones que esta produce en la economía.