EFE.- Las principales patronales de Nicaragua pidieron este jueves al presidente Daniel Ortega y a sus opositores trabajar juntos frente a la pandemia de COVID-19, sin que eso signifique ignorar que existe una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en el país.

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) llamaron a las partes a “trabajar unidos y de forma coordinada para afrontar el coronavirus, para que el impacto nacional sea el menor posible”.

Esta es la primera vez que los conglomerados de grandes empresas nicaragüenses intentan acercarse al Gobierno desde mayo de 2018, cuando decidieron apoyar el levantamiento popular contra Ortega, tras 11 años de estrechas relaciones.

“Esta es una situación de interés de todos los nicaragüenses, sin distingo de edad, género, religión u opción partidaria”, explicaron los solicitantes.

DUDAS ENTRE LAS PARTES

Ni los movimientos opositores nacidos tras la llamada “insurrección cívica” de abril de 2018, ni el Gobierno de Ortega, quien alega haber sido víctima de un “golpe de Estado fallido”, han reaccionado a la petición de los empresarios.

El integrante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia José Pallais afirmó en un vídeo distribuido en redes sociales que para enfrentar la pandemia “lo que el país necesita es un consenso nacional sobre las políticas públicas”.

El empresariado resaltó que no están “obviando la crisis sociopolítica que atraviesa el país, ni el seguimiento a los acuerdos suscritos con el Gobierno en marzo del año pasado”.

Pallais, quien no dejó claro si está de acuerdo con la propuesta empresarial, indicó que el Gobierno “ha demostrado que no tiene voluntad de cumplir los compromisos que suscribe”.

La oposición alega que tanto en 2018, como a comienzos de 2019, el Gobierno de Ortega se había comprometido a respetar los derechos humanos, liberar a los llamados “presos políticos” y cumplir con la Constitución en cuanto a libertades públicas, pero hasta ahora solamente ha excarcelado a una parte de disidentes, aunque sin libertad plena.

Por su parte, la dirigente opositora Suyen Barahona insistió en exigir al “régimen (que) asuma su responsabilidad en el control de la COVID-19, en la atención de salud a quienes lo necesiten, en protección a las personas y familias en condición de mayor vulnerabilidad; en la protección debida al personal de salud”.

EMPRESARIOS BUSCAN RESPONDER A LA CRISIS

Hasta ahora el Gobierno nicaragüense se ha limitado a dar seguimiento a los casos de COVID-19 y recomendar a los habitantes que se laven las manos, pero se niega a tomar medidas de prevención social y promueve actividades multitudinarias, bajo el argumento de que los cinco casos confirmados, incluyendo un muerto, son “importados”.

Las patronales adelantaron que ya crearon un grupo de trabajo para acciones de prevención, mitigación, políticas públicas y privadas, para dar respuesta a la crisis, con la asesoría del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), que horas antes había hecho una propuesta similar.

Tras desatarse la crisis sociopolítica, el producto interno bruto de Nicaragua se contrajo un 3,8 % en el 2018, según el Banco Central, y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cayó un 5,7 % en 2019.

El Gobierno Ortega había proyectado para el 2019 un nuevo decrecimiento de 3,5 %, pero aún no da a conocer ese indicador.

Para el 2020, el FMI espera que el PIB se contraiga “más moderadamente” entre un 1,2 % y un 1,7 %; en tanto, el Gobierno de Ortega, antes de la pandemia del coronavirus, estimaba un crecimiento de 0,5 % en 2020.