Por Natiana Gándara

El mercado laboral ha sufrido las amenazas del coronavirus, una crisis que demanda respuestas políticas que garanticen que el apoyo llegue a los trabajadores que más lo necesitan. Esa es la opinión de Carmen Moreno, directora de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana.

La recomendación de la OIT sobre los pisos de protección social es que los países deberían garantizar al menos un nivel mínimo de seguridad social para todos.

Moreno conversó con Prensa Libre y planteó que, al enfrentarnos a un escenario de recesión económica, no solo se disminuye la capacidad del país para generar empleos decentes, sino que se corre el riesgo de perder los ya existentes, y por tanto exacerbar las condiciones y los desafíos laborales que ha enfrentado Guatemala durante los últimos años.

¿Cuáles son las nuevas estimaciones mundiales de la OIT para el impacto del empleo a causa de la crisis sanitaria del coronavirus?

La OIT ha estimado reducciones del empleo a partir de estimaciones de reducción de las horas de trabajo, a falta de otros datos.

A nivel global se estima una reducción de las horas trabajadas del 6.7% equivalentes a 195 millones de empleos a tiempo completo (48 horas semanales).

En América se perderán 24 millones de empleos a tiempo completo, la mitad de esa cifra corresponde a la población en edad de trabajar en Guatemala, que es de 12 millones, y un poco menos a la población económicamente activa —7.1 millones—.

¿Cómo visualiza el tema del empleo en Guatemala debido a la crisis?

Al igual que lo observado a nivel global, se puede esperar que en Guatemala los sectores con riesgos más elevados de desplazamiento de trabajadores sean el comercio al por mayor y al por menor, servicios de hospedaje y de comidas, actividades inmobiliarias, administrativas y comerciales, y manufactura, estos representan una importante proporción de los empleos en el país.

Estos sectores son intensivos en mano de obra, a menudo con bajos salarios y poco calificados, en particular en el caso de los servicios de alojamiento y de servicio de comidas y del comercio al por menor.

¿Qué sucede con los trabajadores que se encuentran en la informalidad?

Otro reto muy importante son los trabajadores en la economía informal, que representan 7 de cada 10 ocupados en Guatemala. Los trabajadores de este ámbito carecen de la protección básica que los empleos del sector formal suelen ofrecer, e incluso de cobertura de seguridad social. Su situación es también desfavorable en cuanto al acceso a los servicios de atención de la salud; en caso de enfermedad, carecen de protección de los ingresos.

En las zonas urbanas, muchos trabajadores del sector informal trabajan en actividades muy expuestas a la infección por el virus, y otros se ven afectados directamente por las medidas de confinamiento, como los recicladores de desechos, los vendedores ambulantes y los camareros, los obreros de la construcción, los trabajadores del transporte y las trabajadoras y trabajadores domésticos.

En Guatemala se han presentado más de 700 denuncias sobre supuestos abusos de patronos a empleados. ¿Cuál sería su recomendación en ese caso?

Cualquier medida que se tome debe hacerse en el marco del pleno respeto del marco legal aplicable en cada país, de conformidad con los convenios de la OIT debidamente ratificados por Guatemala.

Los gobiernos deben impulsar medidas que busquen la protección de los empleos y la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo, de preferencia utilizando el diálogo social y la cooperación en el lugar de trabajo.

Carmen Moreno, directora de la Organización Internacional del Trabajo para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

¿Será ahora más difícil sostener la premisa del empleo decente en  países como Guatemala?

El trabajo decente debe seguir siendo la premisa orientadora y un objetivo central en el quehacer de la política pública —como lo establece el Objetivo 8 de la Agenda 2030—, tanto en la respuesta inmediata a la crisis como en la fase de recuperación.

La crisis económica derivada de la pandemia del covid-19 requerirá multiplicar los esfuerzos del país para reducir los déficits de trabajo decente —informalidad, subempleo, desempleo, trabajo infantil, entre otros— que muy probablemente se ampliarán. Las normas internacionales del trabajo dan un marco idóneo para promover el trabajo decente aun en tiempo de crisis.

¿Cómo podría cambiar el panorama laboral si no se brindan soluciones puntuales al tema?

El mercado de trabajo de Guatemala ya presentaba grandes desafíos, —ya que— el problema no era la falta de empleo, sino las condiciones bajo las cuales se desempeñan las personas.

Por una parte, la cobertura del IGSS llega únicamente el 17% de la PEA, mientras que, según las formas de medición actual en el país, el 70% de las personas se encuentra ocupada en la informalidad, lo cual no solo implica menores remuneraciones por el trabajo, sino también falta de acceso a la seguridad social y precariedad en las condiciones laborales.

En ese sentido, al enfrentarnos a un escenario de recesión económica, no solo se disminuye la capacidad del país para generar empleos decentes, sino que se corre el riesgo de perder los ya existentes y, por tanto, exacerbar las condiciones y los desafíos laborales que ha enfrentado Guatemala durante los últimos años.

¿Por qué las desigualdades podrían agravarse por el covid-19?

Destacaría que los más vulnerables son los que más pueden sufrir los impactos actuales, por no contar con esquemas formales de protección social, tener empleos o empresas que no cuentan con recursos para afrontar el cierre de actividades debido a las medidas de distanciamiento social, etc., y que las respuestas que se den en la recuperación de la actividad económica deben ser inclusivas, para reducir o no ampliar las desigualdades.

*En alianza con Prensa Libre