EFE.- El director de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) de Honduras, Gabriel Rubí, fue separado este martes de su cargo para evitar interferencias con la investigación por presunta corrupción en las compras que está haciendo el Gobierno para combatir la pandemia de coronavirus.

La Presidencia de Honduras indicó en un comunicado que Rubí “ya no está al frente” del organismo de protección civil.

El subdirector de la Copeco, Carlos Cordero, fue nombrado como director por ley de la institución en sustitución de Rubí, indicó la Presidencia hondureña.

La separación de Rubí busca garantizar que el proceso de investigación que realiza el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) “sea imparcial”, enfatizó.

El Tribunal Superior de Cuentas es el organismo encargado de vigilar la correcta gestión de los recursos del Estado hondureño.

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“El Gobierno ratifica su compromiso por la transparencia en el manejo de fondos utilizados para la emergencia de COVID-19, con acciones como rendición de cuentas en los portales de cada institución en coordinación con el Instituto Nacional de Acceso de Información Pública (IAIP)“, añade la información.

Además, reiteró su compromiso de continuar con el acompañamiento de veedores nacionales e internacional, para garantizar que “cualquier institución, ciudadano o gremio deben o pueden ser veedores del proceso de adquisición y compra transparentando totalmente estos”, tal y como el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, lo ha indicado.

INCONSISTENCIAS EN CHEQUES

Rubí fue separado del cargo después de que el Tribunal Superior de Cuentas reveló en un informe “serias deficiencias” en las compras que ha estado haciendo el organismo de protección civil para combatir el coronavirus.

“De acuerdo a la revisión de la documentación solicitada a (la) Copeco, sobre compras realizadas en el periodo17 de marzo al 04 de abril, el TSC concluye que los procesos utilizados para su ejecución no cumplieron con las normas establecidas para una sana y buena administración”, indicó la institución.

“Los mismos no cuentan con la documentación administrativa necesaria para haber iniciado un trámite de compra, por tanto, no se evidencia las autorizaciones correspondientes denotando serias fallas administrativas que han permitido que muchos procesos de compra ya realizados o pendientes de hacerlo presentan deficiencias que pueden traducirse en responsabilidades en una investigación especial posterior”, señala el informe.

El TSC encontró “inconsistencias mayores y menores en 17 cheques pendientes de pago, por la suma de 16.662.388 lempiras (673.227 dólares)”.

La institución detectó además “inconsistencias mayores en cuatro cheques por 4.086.848 lempiras (165.125 dólares), los cuales están archivados y pendientes de pago“.

También encontró “inconsistencias menores” en 13 cheques por 12.575.540 lempiras (508.102 dólares), los que “no cuentan con la documentación interna necesaria”, detalla el informe del Tribunal Superior de Cuentas.

SE DESCONOCE DESTINO DE BIENES COMPRADOS

De los 105 cheques revisados por el organismo, la Copeco emitió 88 cheques por la suma de 32.348.893 lempiras (un poco más de 1,3 millones de dólares) antes de que el TSC instalará una comisión de auditores.

La institución indicó que “se desconoce el destino final de algunos bienes” comprados y “no se puede determinar si la compra se realizó para mantenimiento de stock en inventarios o para un fin específico“.

Según denuncias hechas en medios locales de prensa, algunas de las supuestas compras se estarían haciendo a precios alterados, lo que ha rechazado Rubí y otros funcionarios involucrados en el plan estatal contra la enfermedad.

El Tribunal Superior de Cuentas realizará “las investigaciones especiales a posteriori por las diferentes incongruencias” detalladas en el informe, con el fin de “verificar todos los aspectos técnicos” y determinar si hay responsabilidad civil o penal.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) iniciaron la investigación el pasado 4 de abril en las oficinas en Tegucigalpa del organismo de protección civil, cuyo administrador, Cristian Elías Santellí, fue suspendido la semana pasada.