Por Esteban Jorge Giudici*

Durante las últimas décadas, el crimen organizado ha invadido los mercados en Centroamérica, fomentando el comercio ilícito de vida silvestre, silvicultura, petróleo, tabaco, alcohol y productos farmacéuticos. El vínculo entre el comercio ilícito y la delincuencia organizada es hoy en día tan fuerte que, en muchas ocasiones, son las mismas bandas las que controlan el flujo de productos ilegales y el contrabando las que se dedican a otras actividades criminales como el tráfico de personas o incluso el financiamiento del terrorismo.

Esta actividad alimenta a la violencia, contribuye a la explotación de mujeres y niños, socava la confianza en las instituciones, perturba al estado de derecho y coadyuva al arraigamiento de la corrupción en las sociedades y frustra dramáticamente el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas relativos a la paz y a la justicia, cuyo ítem 16.4 insta a los países a “combatir todas las formas de delincuencia organizada”.

Ciertamente, el significante rédito económico que los delincuentes pueden obtener, sumado al bajo riesgo de detección y enjuiciamiento han convertido al comercio ilícito en una tentación irresistible para el crimen organizado.

Los gobiernos por su parte, han intentado implementar políticas aisladas para enfrentar a este complejo fenómeno criminal. En este contexto, las comunidades y las economías centroamericanas que han venido sufriendo las consecuencias de la propagación del hampa y se desestabilizan aún más cuando los miles de millones de dólares obtenidos se reinvierten en otras actividades ilícitas.

En tiempos de pandemia, los ya enquistados propiciadores del comercio ilícito en Centroamérica han recibido un impulso inesperado. La crisis del Covid-19 ha generado una variedad de respuestas gubernamentales que van desde iniciativas de asistencia social y desgravación fiscal, hasta medidas de confinamiento forzado, distanciamiento social y prohibiciones de venta de bebidas alcohólicas.

Algunas de estas medidas dieron como resultado la escasez de productos legítimos, dejando la demanda de los mismos desatendida. Por ejemplo, las leyes secas promulgadas en Panamá y México, originalmente concebidas para desalentar a las reuniones sociales y frenar a la violencia doméstica, han generado el aumento del consumo de productos alcohólicos ilícitos, muchos de los cuales están adulterados, lo cual ha desembocado riesgos para la salud y muertes por intoxicación que lamentar.

También ha habido un crecimiento significativo en el uso de Internet para fines legítimos e ilegítimos. Aprovechando el hecho de que los consumidores han migrado a las plataformas de comercio electrónico para comprar bienes, los delincuentes han aumentado considerablemente sus actividades ilegales en línea.

En particular, esta situación ha proporcionado a los delincuentes nuevos puntos de entrada, incluso en mercados altamente regulados. Incentivados ​​por el ánimo de lucro, los criminales han logrado involucrarse en todas las facetas de la cadena de suministro de medicamentos ilícitos, desde su fabricación hasta su distribución.

Por eso, este tema requiere de un análisis propio, así que es necesario un trabajo importante y voluntad entre los distintos sectores que comercializan los productos online y las plataformas utilizadas para estos fines, es decir, una respuesta colaborativa que fomente el pago electrónico en e-commerce y crear barreras contra quienes intentan desplazar productos principalmente de consumo humano y ilegítimos.

Todavía es demasiado pronto para reunir datos precisos que realmente nos digan cómo está impactando el mercado ilícito en la pandemia Covid-19, redactar correlaciones finales o elaborar conclusiones. No obstante, según la Organización Mundial de Aduanas, los delincuentes han convertido esta situación sin precedentes en una oportunidad para perpetrar actividades fraudulentas. Ha habido un número alarmante de informes que citan incautaciones de suministros médicos falsificados, como máscaras faciales y desinfectantes para manos. Los minoristas en línea también han denunciado un aumento en las ventas de productos falsificados.

Lo que sí sabemos es que el COVID-19 ha incrementado los problemas críticos e interconectados ya existentes y que ha exacerbado la necesidad urgente de abordarlos.

En primer lugar, se manifestó que la seguridad y la salud pública son dos caras de la misma moneda, y que el comercio ilícito deteriora a ambas. En segundo lugar, el impacto generalizado del comercio ilícito va más allá de la mera pérdida económica, ya que las organizaciones criminales a menudo usan los ingresos para alimentar otras industrias criminales, creando un círculo de impacto mucho mayor.

El brote de la pandemia COVID-19 sugiere que cualquier acción o medida dirigida a frenar el “virus del comercio ilícito” en Centroamérica no debe considerarse de forma aislada. El crimen organizado es como un globo: si aprietas en un extremo, el aire cambiará y aparecerá en otro lugar.

El comercio ilícito es un fenómeno altamente complejo y fluido con varias manifestaciones que requieren una respuesta coordinada de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Desde la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) trabajamos fervientemente para contrarrestar con eficacia a este fenómeno criminal.

* Analista Senior de Políticas de la Alianza Transnacional Para Combatir al Comercio Ilícito (TRACIT)

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Centroamérica.