El Covid-19 también ‘enfermó’ al empleo en República Dominicana. Los sectores más afectados son: zona franca, bares, hoteles y restaurantes, a los que se vinculan alrededor de 450,000 trabajadores, de los cuales cerca del 90% habían sido suspendidos o cancelados de sus funciones hasta mediados de abril, estima la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS).

Por lo tanto, Rafael Abreu, presidente del organismo, propone que el gobierno disponga lo antes posible la reactivación paulatina de varios de los negocios que cerraron desde marzo, cuando se detectó el primer caso de Covid-19 en el país.

Considera que empresas de servicio como talleres de mecánica, salones de belleza y tiendas de ropa, podrían restablecer la jornada de labores si toman medidas de seguridad sanitaria, tanto para los colaboradores como para los clientes.

Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, añade que hay que buscar una fórmula para que los pequeños negocios puedan abrir sus puertas pronto.

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Abreu advierte que si el sector privado continúa inactivo, ocurrirá que muchos de los trabajadores formales no tendrán otra alternativa que pasar a la informalidad o aumentará el índice de desempleo, que actualmente ronda el 14%.

El número de empleados del país asciende a 4.7 millones, de los que 2.4 corresponden al sector informal y 2.3 laboran con un contrato formal, de acuerdo con los registros del Banco Central de República Dominicana.

Abreu puntualiza que el sistema de seguridad social podría sufrir graves consecuencias si continúan perdiéndose empleos formales, porque su presupuesto depende básicamente de los aportes que realizan esos trabajadores.

“Cuando las empresas aleguen que no pueden restaurar sus funciones va a venir un fenómeno de rotura de contratos, desahucios [terminación de contratos], despidos y entonces ya el número de desempleados puede aumentar, no sólo por suspensión. No hay condiciones para mantener a la gente encerrada uno o dos meses más; eso es insoportable, la verdad es que no se podrá mantener ese estado”, afirma.

El gobierno, consciente de la difícil situación en que se encuentran muchas empresas en estos momentos, creó a principios de abril el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), para apoyar con una transferencia monetaria de hasta 158 dólares (8,500 pesos dominicanos) a cada trabajador formal del sector privado que ha sido suspendido de sus funciones. Alrededor de 700,000 personas ya habían recibido este beneficio a mediados de abril.

“Se prevé que podría llegar al millón de suspendidos porque prácticamente todos los sectores de producción están detenidos”, indica Winston Santos, ministro de Trabajo.