Por Paulina Campos*

Las crisis, como la pandemia de COVID-19, ponen el liderazgo ético a prueba. Este tipo de crisis no conoce fronteras, son sistémicas. Los beneficios de una toma de decisiones consciente y basada en evidencia son claros. Sin embargo, la toma de decisiones bajo incertidumbre profunda no es fácil. La información es imperfecta y cambia constantemente. Cada decisión trae un dilema asociado y los impactos no son menores. Quizá el mayor dilema que ha caracterizado a esta pandemia es el de preservar la salud o la economía.  La historia nos ha enseñado que las pandemias también han venido acompañadas de hambrunas y disturbios sociales.

América Latina fue una de las regiones que tuvo más tiempo para prepararse para esta crisis sanitaria. El primer caso en la región se registró en Brasil el 26 de febrero del 2020; el 13 de enero se registró el primer caso fuera de China. Sin embargo, también es importante reconocer que, con solo algunas semanas de anticipación, no era sencillo cerrar las brechas de salud que se han arrastrado por décadas y que pondrían a prueba la capacidad hospitalaria de la región. Por ello, una respuesta eficaz y humana de los tomadores de decisión se hacía aún más relevante. Hoy, en retrospectiva, lo tajante en las respuestas ha generado la gran diferencia en los resultados.

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Chile, es quizá el país que tuvo la respuesta más contundente, donde se decretó un estado de emergencia por catástrofe de 90 días, que incluía un aislamiento obligatorio. A la fecha, Chile es el tercer país con mayor número de pruebas realizadas por cada 100,000 habitantes (1,787) y con el menor índice de letalidad (1%) de la región. En contraste, Brasil y México iniciaron con cierto escepticismo. En México, las políticas de distanciamiento social no fueron coercitivas. En ambos países se han registrado diferencias importantes en las políticas de distanciamiento a nivel local (en provincias y estados). A la fecha, Brasil y México se encuentran entre los cuatro países con menor número de pruebas en la región. Justo por esta razón es difícil confirmar su índice de letalidad. Con ausencia de pruebas, se tiende a registrar únicamente como confirmados a los casos más graves. Tanto Brasil como México se encuentran entre lo tres países con mayor tasa de letalidad en la región.

En el servicio público, hay dilemas ineludibles. Ante la ausencia de un tratamiento y una vacuna y conforme pasamos de una fase a otra, pareciera que la pandemia será un fenómeno con el que tendremos que aprender a convivir durante un período indeterminado de tiempo. ¿Cómo implementar una política que proteja la salud y al mismo tiempo el empleo? ¿Cuándo y cómo debe realizarse la reapertura?

Cuando suceda la reapertura, se hace indispensable incrementar el número de pruebas por cada 100,000 habitantes para contar con información epidemiológica precisa que permita mitigar el riesgo sanitario con políticas públicas y protocolos específicos. Una eventual apertura cuando las variables epidemiológicas lo permitan, deberá acompañarse de una estrategia de reactivación económica por sector, privilegiando aquellos subsectores con mayor impacto económico (empleo y contribución a la producción) y menor riesgo. La implementación de protocolos estrictos para el monitoreo y trazabilidad de casos no puede ser opcional. Los tomadores de decisión, esta vez, no pueden equivocarse. La vida y el bienestar económico de millones de personas está en la línea.

*Decana Académica Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Tecnológico de Monterrey

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