Por Jesús Humberto Medina*

Para todos los países de Centroamérica reviste tremenda importancia contar con un suministro de energía eléctrica constante, confiable y a precios razonables fijados por el mercado. Ese ambiente favorable para una subsistencia digna y la factibilidad de una producción competitiva tiene en el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central (TMMEAC) una de sus principales salvaguardas.

El objetivo fundamental de dicho documento, firmado en 1996, consistía en promulgar y desarrollar un Mercado Eléctrico Regional (MER) para el desarrollo sostenible de la región, tomando en cuenta la sana competencia, el desarrollo gradual y la reciprocidad entre los países, además de que sería independiente orgánica y funcionalmente del mercado de las seis naciones.

Uno de los logros más considerables y visibles de este esfuerzo es el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), una red de 1,800 kilómetros que va desde Guatemala hasta Panamá, que ha sido el motor de un mercado de vendedores y compradores de energía.

Los subsectores eléctricos nacionales, con sus variantes, tienen cuatro gestores estratégicos de índole privada: generadores, empresas transmisoras, empresas distribuidoras y comercializadores de energía, quienes deben regirse idealmente bajo cuatro premisas fundamentales: aumentar los niveles de competencia en procura de precios al alcance de los usuarios del mercado; eliminar las barreras que impiden la entrada al mercado de nuevos jugadores; otorgar al consumidor una amplia discrecionalidad para elegir a sus proveedores; y velar porque todas las actividades se lleven a cabo bajo las más estrictas normas de transparencia y publicidad.

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Los anteriores cometidos se han fortalecido con participantes regionales como el Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional (CD Mer), la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), el Ente Operador Regional (EOR) y la Empresa Propietaria o Gestora de Red SIEPAC (EPR).

Sin embargo, estos entes regionales no han logrado “cambiar el chip” de los diferentes países, quienes operan bajo parámetros esencialmente nacionales de crecimiento, en lugar de enfocar sus esfuerzos en la creación de un verdadero mercado regional (séptimo mercado).

Para lograrlo es necesario cumplir al menos con las siguientes tareas: consolidar esfuerzos de inversión conducentes al establecimiento de proyectos regionales de producción de electricidad; configurar los programas nacionales de expansión, tomando en cuenta el potencial de exportación de cada país; ver con más detenimiento la posibilidad de compra a suministradores foráneos; superar los escollos regulatorios que impiden la correspondencia entre las disposiciones legislativas y reglamentarias de cada país con los preceptos regionales; y que los gobiernos nacionales demuestren una verdadera vocación de integración regional, empoderando al regulador regional.

En el ámbito estrictamente legal y de primigenia importancia para los operadores legítimamente habilitados de los países miembros queda el reto de conceptualizar las normas que permitan, sin mayores obstáculos, el establecimiento y manejo de vehículos legales dedicados a la exportación de energía. En la medida en que estas entidades cuenten con reglas del juego claras y un marco operativo ágil, se pueden convertir en el elemento indispensable para lograr la verdadera integración del mercado energético centroamericano.

*Socio director y Vicepresidente de CENTRAL LAW

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