Por Uriel Naum Ávila

Cuando parecía, entre 2002 y 2014, que Latinoamérica y el Caribe avanzaban en su desarrollo, por registrarse una importante reducción de la pobreza y la pobreza extrema, gracias a que los gobiernos de la región introdujeron como prioridad en sus agendas de esos años la inclusión y la extensión de la protección social, (y, de acuerdo con el estudio Panorama Social de América Latina, de la Cepal, el promedio regional de la tasa de pobreza pasó del 45.4% al 27.8% y la tasa de pobreza extrema disminuyó de 12.2% a 7.8%), los números rojos han vuelto, poniendo en alerta a los gobiernos de estos países.

¿Qué provocó que la pobreza en América Latina creciera de nuevo en los últimos años, trayendo consigo desesperanza y desempleo? Desde las oficinas de la Cepal, en Ciudad de México, la secretaria ejecutiva de este organismo, Alicia Bárcena, comparte con Forbes su visión sobre lo que se dejó de hacer para abatir la pobreza, cuáles son los riesgos de que siga su tendencia creciente y cuáles podrían ser las salidas a esta compleja situación, donde tanto los gobiernos como las empresas juegan un papel relevante para transitar hacia, lo que la directiva llama, “un nuevo capitalismo”.

VIDEO: Lo invitamos a ver: Alicia Bárcena: Los focos rojos de Latam

Llevamos ya décadas hablando de desigualdad en América Latina. ¿Qué nos ha impedido dar un salto hacia el desarrollo?
América Latina y el Caribe siguen siendo la región más desigual del mundo, quizá sólo después de África Subsahariana. Entre 2002 y 2014 hubo grandes avances; fue la primera vez que en la región hubo progreso en términos de cerrar brechas de desigualdad en ingresos. Especialmente, a partir de 2014 y hasta hoy, ha habido una ralentización. La desigualdad de ingresos la medimos en función de las encuestas de hogares. [Pero] el decil más rico nunca te contesta las encuestas; tenemos una subrepresentación de lo que está pasando en ese decil. Lo que hemos hecho en Cepal es irnos a los registros tributarios. Este análisis lo hemos hecho en cinco países. Vemos que las distancias son mucho mayores. Por ejemplo, en el caso de Chile, si vemos las encuestas de hogares nada más, la diferencia entre el decil más rico y el más pobre es de 7.5 veces, pero, si nos vamos a los registros tributarios, ésta es de 26 veces.

¿Y por qué tenemos este margen de diferencia entre riqueza y pobreza después de tantos años de “esfuerzos” por parte de gobiernos e instituciones internacionales, como la Cepal?
Lo que ha faltado son políticas redistributivas mucho más agresivas; es decir, una política redistributiva, por ejemplo, en la política tributaria: que pague más el que más tiene. Esto es, que haya una fiscalidad progresiva, que el decil del 10% más rico pague más impuestos. Lo que hemos visto también es una gran evasión fiscal en nuestra región. Hay montos muy altos de evasión fiscal y nosotros a eso lo hemos denominado “la cultura de los privilegios”. La desigualdad y la cultura de los privilegios están muy asociados. Por privilegios nos referimos, por ejemplo, a la gente que tiene más acceso al poder, al capital, a la tecnología, a las relaciones políticas o económicas. Se ve como si [esa situación] fuera natural; se naturalizan las diferencias. Entonces, estamos abogando por una cultura de igualdad y en contra de privilegios. Uno de ellos es la evasión tributaria que, en la región, llegaría a niveles de 340,000 mdd al año y representa 6.7% del pib. Cuando vemos cuánto gastan los gobiernos en programas sociales… no se llega al 1.3% del pib.

Usted ha hablado, en otros espacios, de la necesidad de redefinir el capitalismo en América Latina. ¿Qué tanto pasa por esa redefinición eliminar los privilegios, generar una distribución que resulte más equitativa?
En la última reunión del Foro Económico Mundial [WEF, por sus siglas en inglés], en Davos, el tema fue cómo nos vamos de un capitalismo de accionistas a un capitalismo de grupos de interés. En inglés, esto se llama stakeholders de socios, de actores. Las empresas no pueden seguir buscando solamente la máxima ganancia sin tomar en cuenta toda su cadena productiva, sean clientes, proveedores, consumidores, etc. Creo que ese capitalismo salvaje que nos ha acompañado en los últimos tiempos se ha ido a un extremo muy fuerte, que es la financiarización; hoy, la mayor parte del capital está invertido en bonos o en fondos financieros, [y] no se ha traducido en inversión para la economía real. Ese es un tema que, yo diría, el mundo entero está observando: ¿Cómo logramos que, nuevamente, las empresas vuelvan a invertir en la economía real, generen empleos, más tecnología, más innovación? Creo que ése es el capitalismo que requerimos: un capitalismo más inclusivo, más justo. Muchas empresas, sobre todo las más grandes, las más internacionalizadas, se han dado cuenta de que no es posible [no debe ser] que la desigualdad conspire contra sus propios negocios.

Uno de los sectores más desiguales es el de las mujeres. Recientemente, se firmó un acuerdo en Santiago, Chile, para avanzar en políticas públicas a favor de ellas. ¿En qué consiste?
La Cepal ha realizado 14 conferencias regionales acerca de la mujer, y hemos ido construyendo, junto con los países y la sociedad civil, [esta última,] muy activa, sobre todo la sociedad civil feminista. Se ha ido construyendo una agenda que se basa en que las mujeres requieren tres autonomías básicas: 1) La autonomía física, que significa la protección de su integridad física (es decir, el combate a la violencia), pero también incluye sus derechos sexuales y reproductivos; que la mujer sea libre de elegir respecto a su cuerpo. 2) La autonomía política: que las mujeres lleguen a puestos de decisión y a puestos de representación en los congresos; buscamos que haya paridad; nadie está abogando porque sean más mujeres que hombres. Esto no solamente se refiere a la participación de las mujeres en el ámbito público, sino también en el privado. Las empresas están muy por detrás de lo que debería de ser la representación de las mujeres en niveles directivos. 3) La autonomía económica, algo, para nosotros, fundamental. Muchas veces se dice: “Las mujeres no trabajan, están en su casa”, pero trabajan… y trabajan mucho; y a eso nosotros lo llamamos “trabajo no remunerado”. De eso se trata la agenda y la Declaración de Santiago.

Son varios los focos amarillos que se observan en la región. Colombia es un caso ejemplar. ¿Qué explican esos movimientos sociales?
Cada lugar tiene una causalidad distinta. No podemos comparar lo que pasa en Venezuela con lo que pasa en Colombia. Yo diría que hay un hilo conductor que sí está presente en la región, y es que, si bien los países han combatido con cierta eficacia la pobreza extrema, no han logrado sacar a la gente de su difícil situación. Hay esfuerzos importantes en Chile, Colombia, Argentina inclusive, a pesar de la crisis que vive. Esa población, que antes estaba en la pobreza extrema y que calificaba a programas sociales, ahora ya no califica; pasó a lo que llamamos “estrato medio bajo”. Hay una conciencia hoy en los estratos medios, porque los que están en las calles no son los más pobres: son los estratos medios que se dan cuenta de que su movilidad social está estancada, que no pueden avanzar porque no hay empleo o porque el empleo que tienen es precario, porque no hay seguridad social o porque todo tienen que pagar para tener acceso a servicios. Estamos ante un gran dilema: cómo tenemos que negociar un nuevo pacto social entre el Estado, el mercado y la sociedad, para lograr una mejor redistribución entre capital, trabajo y bienes públicos. La región está, además, atravesada por el narcotráfico, la delincuencia; Centroamérica tiene los mayores índices de crimen y homicidios. El Salvador ha hecho un esfuerzo enorme por controlarlos. Pero es una combinación de problemas económicos en una región que crece muy poco, que no está generando suficiente empleo. De hecho, Colombia ya está en niveles de desempleo de dos dígitos, cuando se ha luchado tanto por estar en uno. Los empleos aumentan, pero son precarios, sin protección. Eso es lo que estamos confrontando como sociedad moderna y, por eso, debemos buscar nuevas alternativas de pactos sociales y políticos.

¿Y ve a los gobiernos sensibles o dispuestos a modificar estas políticas públicas para que el Estado asuma tareas que habría dejado de hacer?
Por supuesto. Por ejemplo, México es uno de los países donde no ha habido este tipo de movilizaciones de la gente. Yo creo que tiene mucho que ver con el cambio de gobierno [de 2018], con el cambio de mensajes, con el paquete de políticas sociales que se han puesto sobre la mesa y a la población le está dando un beneficio social concreto, contundente, ya sea en forma de becas, de apoyos o de pensiones solidarias. Esto que está pasando aquí [en México] es lo que ahora gobiernos como el de Chile o Colombia están analizando y proponiendo. Por ejemplo, en Chile va a realizarse un plebiscito para decidir si se diseña o no una nueva Constitución, que, por cierto, está vigente desde la época de la dictadura y, por lo tanto, está [particularmente] restringida respecto a esto de los bienes públicos.