EFE.- La Corte de Constitucional solicitó este lunes a la Fiscalía a iniciar una investigación a siete diputados de la comisión permanente del Congreso que no obedecieron un fallo que ordenaba remitir el expediente original del nulo proceso de desafuero contra de cuatro magistrados constitucionales.

El Constitucional, máximo tribunal del país centroamericano, aseguró que “ante el incumplimiento de la comisión permanente del Congreso” a lo ordenado en las resoluciones del pasado sábado y este mismo lunes, la Corte instó a al Ministerio Público (MP, Fiscalía) para que inicie las investigaciones pertinentes.

La máxima Corte aseguró que el Congreso incumplió con la entrega del expediente original del proceso de retirada del fuero emprendido el pasado viernes contra cuatro magistrados constitucionales, denunciados por un abogado que pedía retirar la inmunidad de los cuatro por haber otorgado un amparo a la Fiscalía que  permitió paralizar la elección de la Corte Suprema de Justicia y las salas y cortes de Apelaciones.

La elección de los nuevos representantes de la Corte Suprema y las cortes y salas de Apelaciones debía darse en octubre de 2019 para renovarlas por un nuevo período de cinco años, pero la Corte de Constitucionalidad anuló un par de veces (en 2019 y 2020) el proceso por irregularidades en el mismo documentadas por el Ministerio Público (Fiscalía).

Finalmente, la elección se realizaría el martes pasado por el Congreso guatemalteco, pero fue suspendida en una maratónica jornada legislativa de 12 horas tras no ponerse de acuerdo en el procedimiento para elegir a los nuevos magistrados.

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Según expertos, la elección de 250 jueces es trascendental para la lucha anticorrrupción del país centroamericano.

Los magistrados constitucionales fueron denunciados por el abogado José Roberto Guzmán Hernández, uno de los aspirantes a integrar una sala de Apelaciones.

La denuncia fue tramitada por la Corte Suprema, quien trasladó el antejuicio contra Gloria Porras, Neftaly Aldana, José de Mata Vela y Bonerge Mejía a la comisión permanente del Congreso.

La comisión permanente del Congreso está presidida por el propio presidente del Organismo Legislativo (período 2020-2021), Allan Rodríguez Reyes, miembro de la bancada oficial (Vamos por una Guatemala Diferente) que llevó en agosto pasado al poder al ahora titular del Ejecutivo, Alejandro Giammattei.

Además, integran la comisión legislativa como vocales Sofía Hernández (del aliado Unión del Cambio Nacional), Luis Alfonso Rosales (del derechista partido Valor), Armando Castillo (del conservador Visión con Valores); y los secretarios Rudy Pereira (del nacionalista Frente de Convergencia Nacional), Douglas Rivero (del opositor Partido Humanista) y Carlos Santiago Nájera (del opositor Unidad Nacional de la Esperanza).

Frente al juicio a los cuatro magistrados constitucionales se han interpuesto tres recursos de amparo por parte de la Procuraduría de los DD.HH., y dos ONG. El Constitucional, a su vez, ordenó el fin de semana al Congreso que remitiera el expediente original del proceso a los magistrados.

El Congreso, sin embargo, envió la tarde del lunes, a escasos minutos de que se cumpliera el plazo legal para hacerlo, “un memorial donde señala que en el anterior memorial remitido a este Tribunal explican claramente por qué han entregado copia certificada y legalizada del expediente y que la Corte de Constitucionalidad no ha fundamentado por qué solicita el original”, indicó el tribunal.

Además, en el memorial, el Congreso hizo “manifiesto su desacuerdo con las resoluciones dictadas por la Corte de Constitucionalidad por que considera que son juez y parte e insta al Ministerio Público (Fiscalía) a proceder a solicitar antejuicio contra tres magistrados de la Corte”.

En el memorial, el Congreso omitió el nombre de uno de los cuatro magistrados previamente denunciados: Neftaly Aldana.

El ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas, publicó en su cuenta oficial de Twitter su beneplácito a la decisión de la máxima Corte, al calificar de “histórica” la “decisión donde se evidencia que no hay nadie superior a la Ley. Ahora le corresponde a la Fiscal General y Jefa del MP (Consuelo Porras) actuar con agilidad y eficacia”.